Xico: 21.9 millones de interrogantes

Enrique Yasser Pompeyo

En Xico hay una cifra que difícilmente puede pasar desapercibida: 21 millones 984 mil 847 pesos con 94 centavos.

Ese es el monto señalado como presunto daño patrimonial en la revisión de la Cuenta Pública 2025 del municipio, correspondiente a la administración que encabezó el entonces alcalde Luis Yoval Maldonado.

Aunque la palabra presunto obliga a actuar con responsabilidad —porque una observación de fiscalización no equivale, por sí misma, a una sentencia—, tampoco debería utilizarse como pretexto para minimizar un asunto que involucra recursos públicos.

21.9 millones de pesos no son una cantidad menor para un municipio como Xico. 

Son recursos que, en términos ciudadanos, deberían traducirse en mejores servicios, obras, infraestructura, atención a las comunidades, caminos, seguridad, agua, alumbrado o programas que realmente llegaran a quienes pagan impuestos y sostienen al gobierno municipal.

Más allá del discurso político, lo que corresponde ahora es algo mucho más sencillo: explicaciones claras y documentos sobre el destino de cada peso observado.

La fiscalización tiene precisamente ese propósito. Revisar cómo se ejerció el dinero público, detectar inconsistencias y determinar, mediante los procedimientos correspondientes, si existieron responsabilidades. 

No se trata de linchar políticamente a nadie, pero tampoco de convertir las observaciones en un trámite burocrático que termine perdiéndose entre expedientes.

La administración de Luis Yoval Maldonado deberá responder ante las instancias correspondientes por aquello que se le señale dentro del procedimiento de fiscalización. 

Si existen argumentos, comprobantes y documentación que aclaren las observaciones, tendrán que presentarse y ser valorados por las autoridades competentes.

Si las irregularidades se confirman, entonces la ciudadanía de Xico merece que haya consecuencias.

El dinero público no pertenece a los alcaldes, ni a los funcionarios, ni a los partidos políticos. Pertenece a los ciudadanos.

Cuando aparece una cifra cercana a los 22 millones de pesos bajo la etiqueta de presunto daño patrimonial, la pregunta inevitable no es solamente cuánto se observó, sino qué ocurrió con esos recursos y quién deberá responder por ellos.

Xico merece una explicación puntual, no justificaciones políticas.

La Cuenta Pública no debería ser vista como un asunto exclusivo de contadores, auditores y funcionarios. Es, en realidad, una radiografía del uso que un gobierno hizo del dinero de la gente.

En el caso de Xico, esa radiografía deja una cifra suficientemente grande como para exigir respuestas: 21 millones 984 mil 847 pesos con 94 centavos.

Ahora corresponde que las autoridades fiscalizadoras hagan su trabajo hasta las últimas consecuencias y que quienes estuvieron al frente del gobierno municipal expliquen, con documentos y argumentos, qué pasó con cada peso.

enriquepompeyo@hotmail.com