Redacción

El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), Acdmer Antonio Galicia Campos, denunció que cientos de trabajadores temporales del Gobierno del Estado continúan sin seguridad social, prestaciones ni reconocimiento laboral, pese a que existen laudos y resoluciones judiciales favorables emitidas por tribunales laborales y federales.

En conferencia de prensa, el dirigente sindical afirmó que desde enero de 2020 el SEPEV inició una lucha jurídica contra la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para exigir la aplicación de la clave sindical 135 a trabajadores afiliados al sindicato, así como el reconocimiento pleno de sus derechos laborales.

Galicia Campos explicó que el pasado 20 de mayo de 2026 un Tribunal Federal sobreseyó un amparo promovido por Sefiplan, determinando que el caso ya constituye “cosa juzgada”, por lo que la dependencia estatal ya no puede seguir promoviendo recursos para evitar el cumplimiento de las resoluciones.

“Durante seis años hemos caminado con compañeros que han sido vulnerados en sus derechos. Hay trabajadores con 15, 20 y hasta 30 años de servicio que no tienen seguridad social ni prestaciones porque el Gobierno del Estado argumenta que no tienen clave sindical”, señaló.

De acuerdo con el documento entregado a medios y dirigido a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, el sindicato reclama el incumplimiento de acuerdos firmados desde el 25 de septiembre de 2019, cuando funcionarios estatales se comprometieron a aplicar la clave sindical a partir de la primera quincena de noviembre de ese año.

El dirigente recordó que el sindicato obtuvo tres laudos favorables —3101/2023, 1403/2025 y 605/2025— además de dos amparos federales, en los que se determinó que debía aplicarse el descuento sindical vía nómina y reconocerse la afiliación de los trabajadores al SEPEV.

Según expuso, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado resolvió que deben aplicarse los descuentos sindicales correspondientes y reconocerse plenamente los derechos laborales de quienes cuentan con toma de nota sindical.

Galicia Campos sostuvo que muchos de los trabajadores afectados fueron contratados como “empleados temporales administrativos” o “empleados Z”, pese a desempeñar funciones permanentes durante décadas.

“Logramos combatir esa injusticia y demostrar que estos trabajadores tienen exactamente los mismos derechos que cualquier empleado permanente”, afirmó.

Durante la conferencia fueron presentados varios casos de trabajadores afectados. Entre ellos, el de la señora Clarita, viuda de un trabajador de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), quien falleció tras sufrir un accidente laboral cuando un tubo le cayó encima dentro de la dependencia.

El líder sindical denunció que, pese a que el trabajador ganó uno de los laudos relacionados con basificación y prestaciones, su familia continúa sin recibir el seguro de vida ni los pagos correspondientes.

La viuda aseguró que actualmente recibe apenas 2 mil 700 pesos mensuales de pensión y además el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) le reclama un adeudo cercano a los 500 mil pesos, derivado de cuotas que la dependencia nunca enteró al instituto.

“Es inhumano que todavía le digan que debe 500 mil pesos después de que murió su esposo, cuando fueron cuotas que el patrón nunca pagó”, reprochó Galicia Campos.

El dirigente sindical afirmó que actualmente existen 38 trabajadores vivos en la SIOP con laudos favorables y más de 200 casos representados por el sindicato en distintas dependencias estatales. Asimismo, señaló que al menos cinco trabajadores fallecieron sin recibir sus prestaciones ni seguros de vida.

Entre los casos expuestos también se encuentra el de trabajadores con más de 30 años de servicio que continúan sin seguridad social y sin posibilidad de jubilación.

“Tenemos compañeros que entregaron toda su vida a las dependencias y hoy simplemente los despiden para colocar a incondicionales”, acusó.

Galicia Campos criticó además que, aunque el Gobierno del Estado ha contemplado partidas presupuestales para el pago de laudos laborales, los recursos no han sido utilizados para cubrir las obligaciones con los trabajadores.

Recordó que durante el sexenio pasado se destinaron alrededor de mil 200 millones de pesos para el rubro de laudos e indemnizaciones, mientras que actualmente existirían cerca de mil 600 millones de pesos presupuestados para ese concepto.

“¿Dónde está ese dinero? Los funcionarios cada vez son más ricos y los derechos de los trabajadores siguen sin respetarse”, cuestionó.

Finalmente, el secretario general del SEPEV hizo un llamado directo a la gobernadora Rocío Nahle García y al secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, para que se cumplan las sentencias emitidas por los tribunales y se garantice el reconocimiento laboral, la seguridad social y el pago de prestaciones a los trabajadores afectados.

“Lo único que pedimos es que se cumpla la ley y que se respeten los derechos de quienes durante años han trabajado para el Gobierno del Estado”, concluyó.