Paco De Luna / Xalapa, Ver.- La vivienda donde se realizaron diligencias ministeriales por la muerte del pequeño Daniel Maximiliano, de cuatro años, quedó expuesta a robos y actos vandálicos, debido a que presuntamente la Fiscalía General del Estado (FGE) dejó de mantener vigilancia en el lugar, denunciaron familiares de las tres personas detenidas por este caso.

El domicilio se encuentra en la calle Río Santiago, de la colonia Benito Juárez, en Xalapa.

Según los denunciantes, durante varias semanas personas ajenas ingresaron a la propiedad, rompieron los mecanismos de acceso y se llevaron distintos objetos, sin que existiera una custodia permanente para impedirlo.

La familia sostuvo que el inmueble permanecía bajo resguardo ministerial desde las actuaciones derivadas de la investigación por la muerte del menor, quien fue reportado como desaparecido el 13 de septiembre de 2026 y encontrado sin vida el día 15 del mismo mes.

Por estos acontecimientos fueron detenidos Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”, madre y hermana, quienes enfrentan señalamientos por su probable responsabilidad en los hechos.

Ingresos sin control y sellos violentados

Los familiares relataron que comenzaron a detectar anomalías cuando acudían a revisar las condiciones de la casa.

En diferentes ocasiones encontraron accesos abiertos, iluminación encendida y los sellos colocados por las autoridades presuntamente manipulados.

Indicaron que reportaron lo sucedido al 911 y solicitaron la intervención de corporaciones policiales, pero cuestionaron que la Fiscalía no estableciera un mecanismo de protección que evitara nuevas entradas.

También señalaron que, después de la audiencia de vinculación a proceso del 22 de septiembre, agentes ministeriales volvieron a ingresar al inmueble.

Según su versión, la defensa no recibió notificación formal de esa intervención y tampoco tuvo acceso a las actuaciones correspondientes.

Otro de los señalamientos apunta a que durante esa diligencia fueron abiertos automóviles que no tendrían relación con la carpeta de investigación.

Además, denunciaron que los sellos que habían sido alterados se reemplazaron con papel y cinta adhesiva, condiciones que consideraron insuficientes para preservar el sitio.

Hasta muebles se llevaron

Uno de los primeros incidentes que identificaron ocurrió el 16 de octubre. Ese día, vecinos descubrieron a un hombre que habría escalado las bardas para sacar un tanque de gas de la propiedad.

Al percatarse de que había sido descubierto, el individuo escapó y abandonó el cilindro, que quedó temporalmente bajo resguardo de un habitante de la colonia.

Los familiares afirmaron que posteriormente personal ministerial intentó retirar el tanque al vecino, pese a que este lo había conservado después del intento de robo.

El episodio de mayor afectación ocurrió entre la noche del 31 de octubre y las primeras horas del 1 de noviembre. Durante ese periodo, desconocidos habrían utilizado estructuras metálicas para violentar las entradas y acceder nuevamente a la vivienda.

De acuerdo con los denunciantes, los responsables sacaron muebles, utensilios y diversos artículos del hogar, hasta dejar prácticamente desocupado el inmueble. Incluso señalaron que el sitio habría servido como refugio durante las noches para algunas de las personas que ingresaron.

Cuestionan actuación del Ministerio Público

Los afectados también reprocharon las dificultades que enfrentaron para denunciar formalmente el robo de sus pertenencias.

Explicaron que inicialmente el Ministerio Público se negó a recibir la querella porque, presuntamente, no contaban con personalidad jurídica para promoverla, ya que los propietarios se encuentran encarcelados.

Finalmente, indicaron que la denuncia fue admitida bajo el concepto de quebrantamiento de sellos, pero no se habría incorporado de manera integral el reclamo por los bienes sustraídos.

Aunque hubo un periodo en el que dos elementos policiales fueron asignados para vigilar la casa, la familia aseguró que esa protección volvió a suspenderse a mitad de semana.

Ante la falta de custodia, los propios afectados colocaron cadenas y candados en los accesos para tratar de evitar otro saqueo.

Los familiares consideran que la situación debe ser investigada por las autoridades ministeriales, pues advierten que mantener sin protección un inmueble relacionado con un proceso penal no solamente facilita la pérdida de bienes, sino que también podría comprometer la conservación de posibles indicios y la integridad de las diligencias judiciales.

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