Enrique Yasser Pompeyo 

Xalapa 

El Partido del Trabajo (PT) anunció que fortalecerá la participación política de los pueblos indígenas y afromexicanos en Veracruz como parte de una estrategia de organización territorial que contempla las elecciones de 2027, 2029 y 2030.

El Coordinador de la Región 8, Flavio Muñoz Murrieta, destacó la diversidad cultural de México y la necesidad de reconocer las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios. Señaló que, durante las últimas décadas se han registrado avances legislativos en materia de reconocimiento e inclusión, pero todavía existen demandas históricas pendientes.

Consideró que el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas debe acompañarse de acciones concretas que permitan preservar sus culturas y atender las consecuencias de procesos de desplazamiento. Como ejemplo de las deudas pendientes, mencionó la situación de comunidades chinantecas y mazatecas originarias de Oaxaca que fueron desplazadas de sus territorios por la construcción de una presa y posteriormente reubicadas en Veracruz.

“Aunque se realizaron acciones de restitución de tierras, las afectaciones no se limitaron a la pérdida de sus espacios originales; el desplazamiento también provocó consecuencias sobre la identidad cultural, la memoria colectiva y la continuidad de las tradiciones comunitarias. Lamentablemente, estas pérdidas no han recibido una reparación suficiente”, mencionó.

Asimismo, dijo que las reivindicaciones de estas comunidades deben incorporarse a las agendas políticas y legislativas; por tal motivo, desde el Partido del Trabajo, buscarán es hacer también visibles esas causas.

En su intervención, el diputado local y comisionado político nacional del PT, Ramón Díaz Ávila, señaló que las observaciones por presunto daño patrimonial detectadas en cuentas públicas municipales representan un problema que no termina con la aprobación de los informes de fiscalización. Cuestionó que el ORFIS no cuente, según explicó, con facultades suficientes para conocer el avance de las investigaciones penales derivadas de las denuncias que presenta ante la Fiscalía.

Al abordar la reciente aprobación de la Cuenta Pública en el Congreso de Veracruz, Ramón Díaz Ávila señaló que existen observaciones por más de 2 mil millones de pesos que requieren aclaración por parte de los entes fiscalizables.

“Durante la gestión de la anterior auditora general, Delia González Cobos, se informó de la presentación de 128 denuncias contra exfuncionarios que no habrían logrado solventar las observaciones correspondientes. Sin embargo, cuando los diputados preguntamos por el avance de esos procedimientos, recibimos como respuesta que el organismo fiscalizador carecía de facultades para darles seguimiento directo”, dijo.

El legislador informó que, con la llegada de Eric Domínguez Vázquez a la titularidad del ORFIS, se planteó revisar las facultades del organismo para que pueda conocer el avance de las denuncias derivadas de las auditorías. Indicó que el asunto fue abordado durante el proceso de entrega-recepción y posteriormente dentro de la Comisión de Vigilancia del Congreso.

A su juicio, no basta con identificar presuntas irregularidades y remitir los expedientes a la autoridad ministerial si posteriormente no existe un mecanismo adecuado de seguimiento institucional. También cuestionó que, desde la perspectiva de los ciudadanos, los procesos de fiscalización puedan parecer inconclusos cuando no se conocen sus resultados.