Ana Lilia Velázquez
Xalapa

La gobernadora Norma Rocío Nahle García, envió al Congreso local una iniciativa para retirarles el fuero a alcaldes y síndicos.

Se prevé reformar el primer párrafo del Artículo 78 de la Constitución Política del Estado, para eliminar la necesidad de declaración de procedencia del Congreso local para proceder penalmente contra las personas titulares de las Presidencias Municipales o de Concejos Municipales, así como de las Sindicaturas, por la probable comisión de delitos durante el ejercicio de su encargo.

Previamente, señala que dentro del régimen constitucional de responsabilidades de los servidores públicos se encuentra la denominada inmunidad procesal, comúnmente identificada como Fuero Constitucional, “cuya permanencia y alcance deben analizarse atendiendo a la naturaleza de cada función pública y a las condiciones actuales de nuestro sistema de justicia”.

Asimismo, añade que esa figura surgió como un mecanismo destinado a proteger determinadas funciones públicas frente a posibles interferencias, presiones o persecuciones que pudieran impedir el ejercicio independiente de un cargo.

“Su finalidad original no consistió en generar impunidad ni en eximir de responsabilidad penal a quienes desempeñaran una función pública, sino en preservar el adecuado funcionamiento de las instituciones del Estado”.

“La confianza otorgada mediante el voto ciudadano constituye un mandato para gobernar y servir. Esa legitimidad democrática debe coexistir con la responsabilidad frente a la ley y con la posibilidad de que las instituciones competentes ejerzan sus atribuciones cuando existan elementos jurídicos que así lo justifiquen”.

Al respecto, el diputado local Paul Martínez Marie, se dijo a favor de la iniciativa porque dejó en claro que en muchas ocasiones se ha abusado del fuero por parte de las autoridades municipales.

«Quien quiera entrar a un cargo público será juzgado igual que cualquier ciudadano».

En contraste, el diputado local, Héctor Yunes Landa, dijo que el fuero dejaría vulnerables a los alcaldes ante cualquier situación o amenaza del gobierno en turno.

«Los dejaría legalmente encuerados», dijo.

El fuero es una protección legal que impide juzgar a ciertos funcionarios públicos o una serie de normas y privilegios históricos y jurídicos.