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Mesa de Redacción

Publicado el: 19 de noviembre, 2026

Veracruz, embarazo infantil

Enrique Yasser Pompeyo 

Hay cifras que no deberían pasar inadvertidas, mucho menos convertirse en una estadística más de los informes oficiales. 

En Veracruz, 407 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz, de acuerdo con datos preliminares de 2026 de la Dirección General de Información en Salud.

Una cifra que coloca a la entidad en el tercer lugar nacional y que exhibe una realidad dolorosa: la violencia sexual contra las niñas sigue ocurriendo, muchas veces, detrás de las puertas de sus propios hogares.

Lo verdaderamente alarmante no es solamente el número, sino lo que hay detrás de él. Porque cuando una niña de 10, 11, 12 o 13 años enfrenta un embarazo, estamos hablando de una infancia vulnerada, de derechos pisoteados y, en muchos casos, de una agresión sexual que pudo permanecer oculta durante meses o años. 

No se trata de maternidad temprana ni de decisiones personales: se trata de niñas que necesitan protección, justicia y atención integral.

Aquí aparece una de las realidades más perturbadoras: los agresores, según advierten organizaciones civiles, suelen encontrarse dentro del círculo familiar. 

Primos, tíos, abuelos e incluso padres biológicos figuran entre las personas señaladas en los casos que acompañan las colectivas. Es decir, el peligro no siempre está en la calle, sino que puede convivir bajo el mismo techo que las víctimas.

Frente a semejante escenario, cabe preguntar: ¿dónde están los mecanismos de prevención?, ¿qué están haciendo las autoridades para detectar las agresiones antes de que terminen en un embarazo?, ¿cuántas niñas tuvieron que soportar en silencio el abuso mientras las instituciones miraban hacia otro lado?

Los datos también colocan bajo escrutinio a los servicios de salud. Las organizaciones señalan que, aunque más del 60 por ciento de los casos registrados llegan durante el primer trimestre del embarazo, no siempre se proporciona información suficiente sobre las alternativas disponibles, incluida la interrupción legal del embarazo. 

Si las niñas llegan a las instituciones y no reciben orientación completa, entonces no basta con presumir cobertura médica: hay que revisar la calidad, oportunidad y perspectiva de derechos con la que se les atiende.

Pero la responsabilidad tampoco puede quedarse únicamente en el Gobierno estatal. Los ayuntamientos tienen una obligación que no pueden seguir relegando. Municipios como San Andrés Tuxtla, Veracruz, La Perla, Coscomatepec, Mariano Escobedo y Perote aparecen entre los que concentran más registros. 

Por eso resulta pertinente la propuesta de Redes Fuertes Niñas Libres para crear Mesas de Gobernanza en Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Sin embargo, habrá que evitar que esta iniciativa termine convertida en otra reunión de funcionarios, fotografías y discursos bien intencionados. 

Veracruz no necesita más mesas de trabajo que solamente produzcan actas; necesita políticas públicas con presupuesto, responsables, objetivos medibles y resultados verificables.

Las procuradurías municipales de protección de niñas, niños y adolescentes también deben dejar de ser oficinas que existen solamente en el organigrama. Su función exige capacidad de respuesta, personal preparado, seguimiento de los casos y coordinación efectiva con las autoridades de salud, educativas y de procuración de justicia.

Tampoco es suficiente que los gobiernos municipales se limiten a replicar programas federales. Cada municipio tiene condiciones sociales, culturales y territoriales distintas, particularmente en las comunidades indígenas y las zonas rurales, donde las barreras de acceso a la información, la justicia y los servicios de salud pueden profundizar la vulnerabilidad de las menores.

La pregunta de fondo es si las autoridades están dispuestas a asumir esta responsabilidad más allá de los discursos del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y de las campañas conmemorativas. La violencia contra las niñas no se combate con efemérides, sino con prevención permanente, educación, atención especializada y justicia.

Las organizaciones civiles están haciendo su parte al visibilizar el problema, acompañar a las víctimas y exigir respuestas. Ahora corresponde a los gobiernos demostrar que también están a la altura de esa responsabilidad.

enriquepompeyo@hotmail.com

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