Veracruz, secuestro y extorsión

Enrique Yasser Pompeyo 

En materia de seguridad, reducir el número de víctimas representa uno de los objetivos más importantes para cualquier sociedad. 

En Veracruz, las cifras reportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) muestran avances en el combate al secuestro y la extorsión, dos delitos que durante años han generado temor, incertidumbre y afectaciones profundas a las familias y al sector productivo.

De acuerdo con la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, entre enero y septiembre de 2026, el número de víctimas de secuestro disminuyó 28 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. 

En el caso de la extorsión, la reducción fue superior al 50 por ciento entre enero y agosto del presente año, también respecto al periodo equivalente del año anterior.

Se trata de indicadores relevantes que, de mantenerse, podrían contribuir a recuperar la tranquilidad de las comunidades y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia.

Pero detrás de estas cifras también hay acciones de investigación y persecución del delito. 

La Fiscalía informó que 86 personas señaladas como probables responsables de secuestro fueron puestas a disposición de la autoridad, mientras que 14 bandas delictivas fueron desarticuladas, resultado que coloca a Veracruz en el primer lugar nacional en este último indicador, según los datos presentados por la dependencia.

A ello se suman 85 personas sentenciadas por secuestro mediante resoluciones judiciales, mientras que, en el combate a la extorsión, 73 personas señaladas como probables responsables fueron puestas a disposición de la autoridad.

Estos resultados reflejan que la estrategia contra ambos delitos no se limita a atender las denuncias, sino que también contempla labores de inteligencia, integración de investigaciones, operativos y coordinación institucional para llevar los casos ante las instancias correspondientes.

La disminución de víctimas constituye, sin duda, un dato que merece atención. 

En una entidad con la extensión territorial y la diversidad económica de Veracruz, combatir el secuestro y la extorsión es fundamental para proteger a las familias, brindar condiciones de mayor certidumbre a los comerciantes y empresarios, y evitar que el miedo limite la vida cotidiana de la población.

Sin embargo, los avances también plantean un reto: sostener esta tendencia y garantizar que las cifras favorables se traduzcan en una mayor percepción de seguridad, atención oportuna a las víctimas y acceso efectivo a la justicia. 

La prevención, la denuncia segura y el acompañamiento a quienes han sufrido estos delitos deben continuar como parte central de la estrategia.

En este contexto, el trabajo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), junto con las demás áreas de investigación y las autoridades competentes, adquiere especial relevancia. 

La desarticulación de grupos delictivos y las sentencias obtenidas son indicadores de actividad institucional que deben seguir acompañándose de investigaciones sólidas y procedimientos apegados a la ley.

La fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre ha señalado que el fortalecimiento de la inteligencia, la investigación y la coordinación operativa es parte de los esfuerzos para combatir estos delitos y reducir la impunidad.

El desafío ahora consiste en consolidar los resultados, evitar que las organizaciones criminales se reorganicen y mantener la protección de las personas como prioridad.

Veracruz tiene motivos para observar con optimismo la reducción reportada de víctimas de secuestro y extorsión. 

Cada disminución representa una oportunidad para que más familias vivan con tranquilidad y para que las actividades económicas se desarrollen con mayor confianza. 

El objetivo final debe ser que estos avances no sean temporales, sino parte de una mejora sostenida en la seguridad y el acceso a la justicia para todas y todos los veracruzanos.

enriquepompeyo@hotmail.com