INE rumbo a 2027: la certeza no se proclama, se demuestra

Enrique Yasser Pompeyo

El Instituto Nacional Electoral ya puso en marcha formalmente el proceso electoral federal 2026-2027 y, como suele ocurrir en estas ocasiones, el discurso institucional estuvo cargado de palabras que nadie podría objetar: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

El problema es que una elección no se gana en el terreno de los discursos.

La verdadera prueba para el INE comenzará cuando esas palabras tengan que convertirse en decisiones concretas, particularmente cuando las reglas electorales incomoden a los partidos, a los gobiernos, a las candidaturas o a los grupos de poder.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, fue contundente al afirmar que el Instituto no rinde cuentas a uno, dos o tres partidos políticos, sino a México entero. Es una afirmación correcta y necesaria. Precisamente por su importancia, debe convertirse en una exigencia permanente para el propio organismo electoral.

La independencia no se acredita diciendo que se es independiente. Se demuestra resistiendo presiones, aplicando la ley con el mismo rigor para todos y evitando que las decisiones del árbitro sean interpretadas como favores, concesiones o castigos políticos.

El proceso de 2027 representará, por ello, mucho más que una nueva jornada electoral. Será una prueba para la credibilidad de las instituciones electorales en un ambiente político cada vez más polarizado, donde cualquier decisión del árbitro puede ser cuestionada por alguna de las partes.

Ahí estará uno de los grandes desafíos del INE: conseguir que la ciudadanía distinga entre una institución que cumple la ley y una institución que simplemente intenta defenderse de las críticas.

La consejera presidenta asegura que el Instituto está listo para enfrentar amenazas, presiones, señalamientos o posicionamientos externos. Bien. Pero la sociedad tiene derecho a exigir algo más: que cada decisión importante pueda ser explicada de manera sencilla, transparente y convincente.

La máxima publicidad no puede reducirse a publicar acuerdos y resoluciones en plataformas institucionales. La transparencia electoral también implica explicar por qué se toma una decisión, cuáles son sus consecuencias y bajo qué criterios se aplica.

De poco sirve que la información sea técnicamente pública si para el ciudadano común resulta prácticamente imposible entenderla.

También merece atención el reconocimiento que hizo Taddei al personal del INE, a las 32 Juntas Locales Ejecutivas, a las 300 Juntas Distritales y a los organismos públicos locales. Sin duda, la estructura profesional electoral constituye una de las mayores fortalezas del sistema.

Precisamente por ello, no debería permitirse que la fortaleza técnica se convierta en una especie de blindaje frente al escrutinio público.

El INE debe estar preparado para rendir cuentas no solamente sobre cuántas casillas instala, cuántos funcionarios capacita o qué mecanismos utiliza para contar los votos. También tendrá que rendir cuentas sobre la manera en que ejerce sus atribuciones, cómo interpreta las normas y cómo garantiza que las reglas sean iguales para todos.

Otro punto señalado por la propia presidencia del Instituto resulta fundamental: la aceptación de los resultados.

Aquí existe una responsabilidad compartida. Los partidos y los candidatos tienen la obligación democrática de respetar los resultados cuando éstos sean producto de procedimientos legales y verificables. 

El INE tiene la responsabilidad de construir las condiciones para que esos resultados sean difíciles de cuestionar con argumentos serios.

La confianza no se decreta. Se construye antes, durante y después de la elección.

Por eso, de cara a 2027, el INE debería preocuparse menos por demostrar que está listo y más por demostrar, día tras día, que merece la confianza de los ciudadanos.

El árbitro electoral no puede tener amigos ni enemigos políticos. Tampoco puede actuar pensando en quién aplaudirá o quién protestará. Su única brújula debe ser la Constitución, la ley y el voto ciudadano.

Esa será la verdadera prueba de 2027.

Cuando lleguen los momentos difíciles, cuando una decisión genere polémica, cuando una fuerza política cuestione al Instituto o cuando un resultado electoral sea cerrado, entonces sabremos qué tan sólidos son esos principios que hoy se invocan desde la mesa del Consejo General.

Guadalupe Taddei dice que el INE rendirá cuentas a México entero.

La ciudadanía deberá tomarle la palabra. Pero también deberá recordárselo.

La autoridad electoral no está para agradar a los partidos ni para tranquilizar a los gobiernos: está para garantizar que cada voto cuente y que nadie pueda estar por encima de las reglas.

El 2027 será, en ese sentido, un examen para todos. Para los partidos, para las candidaturas, para los gobiernos, para los ciudadanos y, por supuesto, para el INE.

Al árbitro electoral habrá que exigirle exactamente lo que él mismo promete: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y resultados confiables.

No basta con decir que están listos. Ahora toca demostrarlo.

enriquepompeyo@hotmail.com