Boletas planchadas

Enrique Yasser Pompeyo 

Este 10 de septiembre arranca formalmente el proceso electoral federal en el Instituto Nacional Electoral. 

Con ello comienza también una etapa en la que la palabra democracia vuelve a cobrar especial relevancia, no solamente por las campañas que vendrán, sino por algo mucho más elemental: la certeza de que cada voto será contado y respetado bajo reglas claras, iguales para todos.

Precisamente en el arranque de este proceso surge un señalamiento que no debería pasar inadvertido. 

La presidenta del PAN en Veracruz, Ana Cristina Ledezma López, puso sobre la mesa un tema que, a primera vista, podría parecer técnico o incluso menor, pero que tiene implicaciones profundas: el manejo de las boletas electorales y, particularmente, el fenómeno conocido como “boleta planchada”.

El planteamiento es sencillo. Tradicionalmente, después de que una ciudadana o un ciudadano marca su boleta, ésta se dobla y se deposita en la urna. Es parte de la mecánica habitual de una jornada electoral. Pero ¿qué ocurre cuando aparecen boletas marcadas que no presentan ese doblez? Ahí comienza el problema.

Una boleta electoral no es un simple pedazo de papel. Es el instrumento material mediante el cual una persona expresa su voluntad política. Por eso, cualquier modificación a los criterios o lineamientos relacionados con su manejo debe ser observada con enorme responsabilidad, transparencia y rigor.

Ledezma López advierte sobre el riesgo de que boletas que aparezcan sin doblar puedan ser consideradas válidas y, en un escenario de una elección cerrada, terminar modificando un resultado.

El ejemplo que plantea resulta particularmente ilustrativo: imaginar una elección en Xalapa o en algún distrito de Veracruz donde la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de apenas cien votos. Si durante el cómputo aparecen doscientas boletas adicionales marcadas pero sin doblar, la discusión deja de ser anecdótica. Puede convertirse en una diferencia capaz de definir quién gana una elección. Ahí está el verdadero fondo del asunto.

No se trata solamente de favorecer o perjudicar a un partido político. Se trata de evitar cualquier circunstancia que permita cuestionar la autenticidad de la voluntad ciudadana.

En una democracia competitiva, perder una elección debe ser posible. Ganarla también. Lo que no puede estar en duda es que ambos resultados sean consecuencia exclusiva de los votos emitidos por los ciudadanos y de procedimientos aplicados de manera uniforme.

Por eso es pertinente la advertencia de que el INE y los organismos electorales locales deben comportarse como árbitros y no como jugadores. 

El árbitro electoral tiene una responsabilidad particularmente delicada: no basta con ser imparcial; también debe generar las condiciones para que todos los participantes tengan la certeza de que las reglas son las mismas para todos. La confianza pública es quizá el activo más importante de cualquier elección.

Una democracia puede sobrevivir a la derrota de un partido, a una elección cerrada e incluso a una disputa postelectoral. Lo que resulta mucho más peligroso es que la ciudadanía comience a pensar que el resultado pudo haberse construido en la mesa y no en las urnas.

Por eso el tema de las llamadas boletas “planchadas” merece una discusión seria, técnica y pública. No desde la lógica partidista de quién podría beneficiarse, sino desde una pregunta mucho más importante: ¿qué procedimiento garantiza mejor que cada boleta corresponda efectivamente a la voluntad de un ciudadano?

En el inicio del proceso electoral federal, las autoridades electorales tienen la oportunidad de despejar cualquier duda. Los lineamientos deben ser claros; los criterios deben ser públicos; los funcionarios electorales deben actuar con absoluta imparcialidad y los representantes de los partidos deben contar con mecanismos suficientes para vigilar cada etapa.

Cuando una elección se gana por un voto, ese voto tiene exactamente el mismo valor que cualquier otro. Cuando una elección se pierde por cien, mil o un millón de votos, la única manera legítima de aceptarlo es teniendo la certeza de que esos votos fueron emitidos y contabilizados correctamente.

El debate de fondo es institucional. ¿Qué reglas queremos para las elecciones que vienen? ¿Unas reglas que dejen espacios para interpretaciones o unas que cierren cualquier puerta a la duda?

La confianza se construye con procedimientos aparentemente pequeños: cómo se recibe una boleta, cómo se marca, cómo se deposita, cómo se clasifica y cómo se cuenta.

Una elección puede ser técnicamente legal y, sin embargo, perder legitimidad ante una ciudadanía que desconfía de cómo se llegó al resultado.

A partir de este 10 de septiembre, el desafío del árbitro electoral no será solamente organizar una elección. Será demostrar, paso a paso, que la voluntad expresada en las urnas está por encima de cualquier interés partidista.

Las elecciones no deben tener ganadores predeterminados ni reglas diseñadas para favorecer a nadie. Debe ganar quien obtenga más votos. 

La ciudadanía debe tener la certeza absoluta de que esos votos son los que realmente contó la autoridad electoral. Ahí comienza la democracia. También ahí puede comenzar a perderse si se permite que una boleta deje de ser una expresión inequívoca de la voluntad ciudadana.

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