Redacción

Mirna Vargas denunció presuntas irregularidades en los procesos judiciales que enfrenta en Veracruz y Ciudad de México. Señaló que su hermana mantiene bajo su cuidado a la menor y acusó que diversas resoluciones y medidas de restricción han impedido que pueda reencontrarse con ella.

Mirna Vargas hizo un llamado a las autoridades judiciales para que atiendan su caso y le permitan recuperar la convivencia con su hija Leora Valentina, quien actualmente se encuentra en el puerto de Veracruz bajo el cuidado de su tía Aida, hermana de la denunciante.

En entrevista, la madre señaló que lleva aproximadamente tres años sin poder ver a su hija, situación que, afirmó, la ha llevado a emprender una serie de procedimientos legales tanto en la Ciudad de México como en Veracruz, sin que hasta el momento haya conseguido restablecer el contacto con la menor.

Explicó que decidió hacer pública su situación para solicitar justicia y dar a conocer las dificultades que ha enfrentado durante este tiempo, pues aseguró que no ha dejado de buscar la manera de reencontrarse con su hija y recuperar el vínculo materno.

Vargas sostuvo que, durante el desarrollo del conflicto familiar, se han establecido diversas medidas de restricción en su contra, presuntamente sustentadas en señalamientos que considera infundados. Además, acusó que los procedimientos judiciales se han retrasado mediante la presentación constante de recursos legales que, según su versión, impiden concretar las convivencias.

Manifestó su inconformidad con la actuación de las autoridades, al considerar que los jueces que han conocido su expediente no han aplicado una perspectiva de género ni de infancia, pese a que, dijo, se habla constantemente del interés superior de la niñez.

«El interés superior de la menor también implica la convivencia con su mamá y poder recobrar un vínculo que está completamente deshecho», expresó.

Sobre el origen del conflicto, explicó que su hermana Aida solicitó inicialmente hacerse cargo de los cuidados de la niña en la Ciudad de México; sin embargo, posteriormente la trasladó al puerto de Veracruz, donde inició un nuevo procedimiento familiar, pese a que ya existía uno en la capital del país.

De acuerdo con el relato de Mirna Vargas, el DIF de la Ciudad de México habría retirado a su hermana los cuidados de la menor debido a que no la presentaba ante las autoridades correspondientes. No obstante, señaló que posteriormente se promovió otro juicio en Veracruz, donde un juez concedió un depósito de menor, figura que describió como una custodia provisional.

Indicó que esta determinación se emitió en agosto de 2025, pero aseguró que tuvo conocimiento de ella hasta noviembre del mismo año. Además, señaló que el juez resolvió sobre la procedencia de dicha medida hasta marzo de 2026, pese a que ella se había opuesto legalmente.

La entrevistada también denunció que actualmente continúan vigentes medidas de restricción que le impiden acercarse a su hija o mantener cualquier tipo de comunicación con ella.

Ante lo que considera falta de imparcialidad, informó que ha presentado quejas ante instancias judiciales, incluido el Tribunal de Disciplina, debido a que, según afirmó, no recibía respuestas a sus solicitudes.

Detalló que su situación legal comprende dos denuncias penales en la Ciudad de México, cuatro juicios de amparo en Veracruz, además de otros procedimientos relacionados con el conflicto familiar y recursos promovidos por la contraparte.

Entre las acusaciones que enfrenta se encuentra una denuncia por presunta violencia familiar, derivada de señalamientos relacionados con un supuesto jalón de oreja y cabello a la menor. Explicó que, a partir de estos hechos, se desencadenó una serie de acontecimientos que terminaron con la entrega de la niña a otros familiares.

Mirna Vargas cuestionó que, pese a contar con cinco peritajes psicológicos que, aseguró, no identifican en ella rasgos de violencia familiar, dichas pruebas no hayan sido consideradas adecuadamente por las autoridades judiciales.

Afirmó que incluso en los procedimientos de amparo le han rechazado la valoración de estos elementos, por lo que considera que se le ha colocado en una posición de desventaja dentro de los procesos legales.

A esta situación se suma, dijo, la falta de respaldo económico y familiar. Comentó que hace aproximadamente un mes perdió su empleo y que actualmente enfrenta dificultades para cubrir sus gastos personales y continuar con los procedimientos judiciales.

Señaló que anteriormente contaba con el apoyo de su madre y otros integrantes de su familia, pero que ahora su red de respaldo es limitada y prácticamente se reduce a sus compañeras del colectivo que la acompaña.

Finalmente, Mirna Vargas insistió en que su principal exigencia es que las autoridades garanticen un proceso legal imparcial, que revisen las pruebas presentadas y que se resuelvan los expedientes pendientes.

«Lo único que estoy pidiendo es que el piso esté parejo, que haya una justicia pronta, expedita e imparcial. No puede ser que una madre lleve tres años queriendo únicamente ver a su hija y se estén permitiendo diferentes procesos legales para impedirlo», manifestó.

La mujer reiteró que continuará buscando alternativas legales para lograr el reencuentro con Leora Valentina y pidió que las autoridades revisen integralmente su caso, al considerar que el tiempo transcurrido ha afectado profundamente la relación con su hija.