• Buscan proteger pensiones y derechos adquiridos

Redacción

Jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras instituciones públicas impulsan una reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de impedir que disposiciones posteriores sean aplicadas de manera retroactiva en perjuicio de sus pensiones y garantizar el respeto a los derechos laborales adquiridos durante décadas de servicio.

Esmeralda Huarte Aguirre, jubilada del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM), y Víctor Manuel Rojas Huidobro, representante de la Alianza Nacional de Jubilados en Veracruz, dieron a conocer las acciones jurídicas, legislativas y de organización que realizan para llevar su planteamiento hasta el Congreso de la Unión.

Los representantes sostienen que las modificaciones legales aplicadas a las jubilaciones han generado incertidumbre entre trabajadores retirados de distintas empresas e instituciones del Estado, por lo que buscan establecer desde la propia Constitución garantías que eviten afectaciones a prestaciones previamente reconocidas.

Más de 200 mil firmas respaldan la propuesta

Rojas Huidobro informó que el pasado 1 de septiembre integrantes de la organización acudieron a la Cámara de Diputados, en San Lázaro, para presentar una carta de intención respaldada por los resultados de una consulta ciudadana denominada “Justicia y Derechos”.

De acuerdo con el representante, en apenas siete días consiguieron reunir más de 200 mil firmas en todo el país.

El respaldo fue recabado mediante dos mecanismos: firmas físicas y participación a través de plataformas digitales.

Para la Alianza Nacional de Jubilados, la cantidad de adhesiones demuestra que el reclamo rebasa casos particulares y constituye un problema que afecta a un amplio sector de trabajadores retirados.

Buscan eliminar el Segundo Transitorio

La propuesta tiene como uno de sus principales objetivos modificar las disposiciones relacionadas con el artículo 127 constitucional.

El primer punto consiste en la eliminación del Segundo Transitorio, al considerar los jubilados que su contenido permite aplicar disposiciones de manera retroactiva y, con ello, afectar derechos adquiridos antes de la entrada en vigor de determinadas reformas.

Los representantes argumentan que esa situación entraría en contradicción con el artículo 14 constitucional, que establece que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Desde la perspectiva de la organización, una persona que trabajó durante décadas y cumplió con las condiciones vigentes para jubilarse debe conservar los derechos y prestaciones reconocidos al momento de su retiro.

Por ello, pretenden que la Constitución otorgue mayor certeza jurídica y cierre la posibilidad de que disposiciones posteriores modifiquen en perjuicio del jubilado las condiciones bajo las cuales obtuvo su pensión.

Proponen modificar el límite de las pensiones

El segundo eje corresponde al Transitorio Cuarto y al límite establecido para las remuneraciones y jubilaciones.

La Alianza propone que el tope se determine tomando como referencia el 100 por ciento de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal, incluyendo las prestaciones integradas.

La modificación, explicaron, tendría que aplicarse de forma progresiva y únicamente hacia las futuras jubilaciones, sin perjudicar a quienes ya se encuentran retirados.

El planteamiento busca establecer una diferencia entre las reglas que podrán regir para quienes se jubilen posteriormente y los derechos previamente consolidados de quienes ya concluyeron su vida laboral.

De esa manera, sostienen, cualquier nueva disposición respetaría el principio de no retroactividad y proporcionaría certidumbre a los trabajadores.

Calculan afectación a más de 93 mil jubilados y sus familias

Los representantes estimaron que la problemática alcanza a más de 93 mil jubilados y sus familias en todo México.

Entre los sectores involucrados mencionaron a extrabajadores de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Banca de Desarrollo, además de personal retirado de otras instituciones públicas sujeto a disposiciones relacionadas con el artículo 127.

Veracruz tiene un peso particular dentro del movimiento por la presencia histórica de las industrias eléctrica y petrolera.

De acuerdo con los datos presentados por los voceros, solamente entre los jubilados del sector eléctrico existen más de 600 personas en la División Oriente.

A ellos se sumarían más de mil 500 jubilados petroleros distribuidos principalmente en zonas con fuerte presencia de Pemex, como Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica.

La agrupación subrayó que detrás de cada trabajador retirado existe una familia cuya economía puede depender en buena medida de esos ingresos, por lo que considera que cualquier modificación en las condiciones de las jubilaciones tiene repercusiones sociales más amplias.

Llevarán propuesta al Congreso de Veracruz

La estrategia no se limitará al Congreso de la Unión.

Como siguiente paso, los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados acudirán al Congreso del Estado de Veracruz para entregar a los diputados locales un resumen ejecutivo de la iniciativa.

Su intención es conseguir que alguna bancada o grupo de legisladores adopte formalmente la propuesta y contribuya a respaldarla institucionalmente ante la Cámara de Diputados.

Los representantes explicaron que ya han sostenido conversaciones informales con algunos legisladores y aseguraron que éstos han reconocido la existencia de posibles inconsistencias en las disposiciones actuales, así como cuestionamientos relacionados con la protección de derechos adquiridos.

Ahora pretenden que esos acercamientos se conviertan en un respaldo legislativo formal.

Buscan que nuevas reglas no afecten jubilaciones ya otorgadas

Huarte Aguirre y Rojas Huidobro señalaron que la demanda central del movimiento es brindar certidumbre jurídica a quienes ya se encuentran jubilados, independientemente de las modificaciones que en el futuro puedan establecerse para las nuevas generaciones de trabajadores.

La Alianza Nacional de Jubilados continuará así con gestiones tanto en el ámbito federal como estatal para impulsar la modificación constitucional.

Con más de 200 mil firmas que, de acuerdo con sus representantes, fueron reunidas en una semana, la agrupación buscará ahora trasladar ese respaldo ciudadano al terreno legislativo y conseguir que su propuesta de reforma al artículo 127 sea asumida por representantes populares.

Para los jubilados de Pemex, CFE y otras instituciones públicas involucrados en el movimiento, el objetivo es que cualquier cambio futuro en materia de pensiones se aplique hacia adelante y que las condiciones bajo las cuales miles de trabajadores obtuvieron su jubilación sean respetadas, evitando que nuevas disposiciones puedan reducir o modificar derechos adquiridos después de décadas de servicio.

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