Los alcaldes detenidos en funciones

Luis Alberto Romero

En su conferencia de prensa del pasado lunes, la gobernadora Rocío Nahle fue cuestionada con relación a la iniciativa para eliminar el fuero de los ediles en Veracruz. Dijo que la entidad es una de las pocas donde todavía existe esa figura, que básicamente plantea inmunidad procesal penal para los presidentes municipales.
En 9 estados del país existe el fuero para alcaldes; Veracruz es uno de ellos y eso le ha servido de forma reciente a tres alcaldes para evadir la justicia, los ediles de Úrsulo Galván, Bertín Bravo (MC); Ixhuatlán del Sureste, Raúl González (MC); y Coahuitlán, Isaac García (PRI).
La historia de los ediles en funciones detenidos en lo que va del presente sexenio en México, es larga. La captura de Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ocurrida el 23 de septiembre, es el más reciente caso; sin embargo, está lejos de ser el único.
En el Estado de México fue capturada en noviembre de 2024 la alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles (Morena), a quien vinculan con una organización criminal, y con el asesinato de su síndico. En esa misma entidad, pero en febrero de 2025 fue detenido el también morenista, Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, por el presunto delito de extorsión.
En Chiapas, el alcalde de Bella Vista, Rosember López Robledo, del partido Chiapas Unido, fue capturado en enero de 2025 por presuntos vínculos con el crimen organizado; y también en esa entidad detuvieron a Ernesto Cruz Díaz, alcalde de Cintalapa (Morena), por corrupción, abuso de autoridad y presuntos nexos con un grupo criminal.
En Puebla fueron detenidos los integrantes de una familia de alcaldes; Uruviel González Vieyra, de Ciudad Serdán; Giovanni González Vieyra, de Tlachichuca; y Ramiro González Vieyra, de San Nicolás Buenos Aires, fueron detenidos cuando se encontraban en funciones; todos ellos militan en Movimiento Ciudadano.
En la entidad poblana también fue detenido, el 7 de septiembre, el alcalde morenista de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, en un operativo relacionado con robo de autotransporte, extorsión y secuestro. Fue vinculado a proceso por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.
En Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán (MC), también fue detenido y enfrenta cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada; en esta entidad, el morenista Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, fue capturado en febrero de 2026, y vinculado a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado.
En Morelos, el panista Agustín Toledano Amaro, de Atlatlahucan, fue detenido en mayo de 2026 y procesado por delincuencia organizada, narcotráfico y extorsión; y en Oaxaca corrió con la misma suerte Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán, apresado el 23 de septiembre pasado por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
De ese recuento salta el hecho de que los alcaldes que han sido detenidos entre 2025 y 2026, acusados incluso por vínculos con grupos criminales, militan en diferentes fuerzas políticas, tanto en el oficialismo como en los partidos opositores.
En Veracruz, para dar pie al proceso penal contra Bertín Bravo y Raúl González, el Congreso local realizó un juicio de procedencia; ambos alcaldes siguen prófugos. En tanto, el priista Isaac García simplemente se esfumó luego de protagonizar un hecho violento que dejó lesionados durante una festividad patronal en el municipio de Chumatlán.
En los casos de los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, de no existir la figura del fuero, los emecistas hubieran sido detenidos sin mayor trámite y sin el aviso que significó el proceso de desafuero en el Congreso.
Por eso es importante que el recurso del fuero, que ha permitido a ediles veracruzanos evadir la justicia, sea eliminado, para no permitir que siga vigente esa patente de corso.

@luisromero85