Harfuch y la Operación Enjambre

Por Jorge Ramón Rizzo*

El Gabinete de Seguridad Federal al mando de Omar García Harfuch, ha consolidado a la ‘Operación Enjambre’ como la insignia de su estrategia contra la «narcopolítica» y la infiltración criminal en las administraciones locales.

Iniciada formalmente en noviembre de 2024 en el Estado de México, la estrategia rompió de tajo con la narrativa del sexenio anterior, apostando por la inteligencia y la captura simultánea de servidores públicos vinculados a delitos de alto impacto como la extorsión, el secuestro y el homicidio.

A diferencia de los despliegues reactivos del pasado, esta estrategia partió de una premisa analítica fundamental: El eslabón más vulnerable del Estado mexicano no es el ejército ni las policías federales, sino el gobierno municipal, el cual ha sido cooptado sistemáticamente para servir como escudo logístico, financiero y operativo de los grandes cárteles de la droga.

A casi dos años de su puesta en marcha, y con su reciente expansión a estados como Jalisco, Morelos, Puebla y Chiapas, el balance numérico es innegable: Se reportan más de 111 narcopolíticos arrestados, incluyendo 14 alcaldes procesados y más de 20 sentencias condenatorias firmes.

El valor analítico de la ‘Operación Enjambre’ radica en su metodología criminalística, la cual rompe con la inercia del choque armado frontal y adopta un modelo de «red contra red»; es decir, mediante el uso de capacidades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se mapean los flujos financieros, las redes de extorsión y la filtración de información interna en los ayuntamientos y el factor sorpresa evita la fuga de información que históricamente protegía a los mandos locales.

No obstante, una evaluación analítica rigurosa obliga a mirar más allá del impacto mediático de las esposas en los ediles para cuestionar si este modelo está desmantelando los feudos del crimen u operando únicamente sobre los síntomas más visibles de la gobernanza criminal.

El modelo de la Operación Enjambre destaca por su capacidad de coordinación multiinstitucional. Al alinear las capacidades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina (Semar), la Guardia Nacional y las fiscalías estatales, el gobierno ha logrado asestar golpes simultáneos en territorios históricamente copados por el crimen.

Los casos más recientes ilustran la dispersión de este cáncer estructural: Apenas en septiembre, el operativo golpeó los corredores logísticos de Puebla, interviniendo el ayuntamiento de Esperanza por su colusión en el robo de autotransporte. Días después, a inicios de octubre, Harfuch escaló la estrategia hacia Chiapas, deteniendo en un solo movimiento al alcalde en funciones de Suchiapa, Jorge “N”, a su predecesor Alexis “N”, y a prácticamente toda la cúpula policial del municipio por delitos de corrupción y asociación delictuosa.

Los 14 alcaldes llevados a prisión gobernaban demarcaciones que suman de manera conjunta 6,595 kilómetros cuadrados y poco más de 625,000 habitantes. Esta geografía resulta sumamente reducida frente al control de corredores enteros que mantienen organizaciones de alcance transnacional como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, Los Ardillos y La Familia Michoacana. Se trata de golpes certeros en lo local, pero limitados en la escala macrorregional.

El crimen organizado opera bajo dinámicas de mercado y corporativas. Detener al alcalde o al director de seguridad corta la línea de comunicación directa, pero el incentivo económico de la plaza permanece intacto. Si las instituciones capturadas no son intervenidas de raíz mediante reformas administrativas de largo plazo, el cártel dominante simplemente buscará corromper u obligar, mediante la violencia, al sustituto de la administración pública local.

Aunque el diseño de Omar García Harfuch ha demostrado tracción, analistas de seguridad consultados por ‘Focus Group’ señalan que la estrategia exhibe una debilidad latente: La asimetría de capacidades; ya que el operativo avanza con éxito donde las fiscalías estatales muestran iniciativa y coadyuvan activamente, pero se estanca en zonas donde los aparatos de justicia locales están paralizados por el miedo o la propia colusión, limitando la sostenibilidad del modelo a nivel nacional.

‘Enjambre’ representa un acierto conceptual innegable, porque reconoce explícitamente que la pacificación del país no se logra pactando ni limitándose a patrullar las calles, sino desmantelando los gobiernos paralelos instalados en los palacios municipales. Los golpes asestados y los más de mil años en sentencias demuestran que la impunidad del «narcopolítico» ya no es una garantía inquebrantable.

Sin embargo, para convertirse en una solución de fondo y no quedarse en una simple campaña de poda delictiva, el Estado mexicano requiere transitar del operativo policiaco a la reforma institucional. Esto implica auditar permanentemente las finanzas municipales y sus entornos, blindar los procesos de selección de policías locales desde la federación y garantizar que el castigo penal vaya acompañado de la recuperación económica y social de los territorios liberados.

La ‘Operación Enjambre’ ha demostrado efectividad táctica y pulcritud procesal, algo indispensable en un país urgido de certezas jurídicas. Ha devuelto el protagonismo a la investigación criminal y ha probado que el Estado mexicano puede, cuando se lo propone, limpiar dependencias de la delincuencia sin provocar baños de sangre generalizados.

*Periodista/Tlaxcala