Redacción
Eduardo Mario Casares Sort de Sans aseguró que las suspensiones de entre 20 y 30 centros de verificación vehicular obedecen a incumplimientos de la normatividad y no a actos de corrupción por parte de las autoridades estatales.
El vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación del Estado de Veracruz, Eduardo Mario Casares Sort de Sans, desmintió las publicaciones en las que se señalan presuntos actos de corrupción y cobros irregulares por parte de funcionarios estatales para permitir la operación de los verificentros.
Aseguró que las suspensiones aplicadas a diversos establecimientos son consecuencia de las irregularidades en las que incurrieron sus concesionarios, al incumplir las disposiciones del programa de verificación vehicular y las Normas Oficiales Mexicanas.
En entrevista, sostuvo que, después de más de 22 años como concesionario, es la primera vez que encuentra una administración estatal que no le ha solicitado dinero a cambio de permitirle trabajar.
Explicó que, por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, la Dirección General de Verificación y las secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Finanzas y Planeación (Sefiplan) comenzaron a realizar revisiones para poner orden en el funcionamiento de los centros de verificación, situación que, dijo, los propios concesionarios habían solicitado desde hace varios años.
Indicó que los establecimientos que permanecen cerrados no están clausurados, sino suspendidos temporalmente por incumplir con los requisitos establecidos en la normatividad.
«Lo que nosotros pedimos desde el inicio de la administración es que hubiera piso parejo», expresó, al señalar que algunos concesionarios se inconformaron porque las revisiones afectan sus ingresos mientras no pueden prestar el servicio.
Casares Sort de Sans afirmó que alrededor de 20 a 30 verificentros continúan suspendidos, aunque anteriormente llegaron a ser más de 60 los establecimientos que enfrentaban esta situación. Explicó que varios ya reanudaron actividades después de corregir las irregularidades detectadas por las autoridades.
Detalló que los centros suspendidos deben solventar las observaciones y cumplir con los requisitos correspondientes para poder reabrir. Una vez que acreditan las condiciones necesarias, comienza a correr el periodo de suspensión de 90 días establecido para estos procedimientos.
El vocero rechazó que los funcionarios de Sedema o Finanzas estén solicitando dinero a los concesionarios para permitirles operar y convocó a quienes tengan pruebas de presuntos cobros indebidos a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.
«Si alguien tiene pruebas de que algo le han pedido, que las presente ante la Fiscalía, como yo lo hice en su momento. Yo denuncié hasta a gobernadores», manifestó.
Asimismo, explicó que entre las irregularidades detectadas existen casos de verificaciones realizadas sin que los vehículos se presentaran físicamente en los establecimientos, así como cobros que no eran reportados correctamente ante la Oficina Virtual de Hacienda (OVH).
Señaló que también se han identificado situaciones en las que los automovilistas pagaron su verificación directamente a los concesionarios, pero posteriormente el pago no aparecía registrado en el sistema de Hacienda, por lo que los usuarios tenían que volver a cubrir el importe.
Indicó que estas prácticas están siendo revisadas por las autoridades estatales y reiteró que el objetivo de las inspecciones es garantizar que todos los centros operen bajo las mismas condiciones y cumplan con las disposiciones legales.
Finalmente, insistió en que las publicaciones que señalan presuntos actos de corrupción no deben generalizarse a todos los concesionarios, pues aseguró que quienes cumplen con los requisitos pueden continuar trabajando y quienes fueron suspendidos deben regularizar su situación antes de reanudar actividades.
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