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Campesinos de Enrique López Buitrón exigen desalojar tierras ejidales invadidas; denuncian incumplimiento de resoluciones judiciales

Publicado el: 20 de noviembre, 2026

Redacción

Campesinos del poblado Enrique López Buitrón, cuyos terrenos abarcan parcialmente los municipios de Ángel R. Cabada y San Andrés Tuxtla, exigieron a las autoridades que se cumplan las resoluciones judiciales que reconocen sus derechos sobre tierras ejidales y se concrete el desalojo de las personas que presuntamente mantienen ocupadas algunas superficies.

María Alejandra Reyes Medina, representante legal de los campesinos beneficiarios de la resolución presidencial, denunció que, pese a contar con documentación oficial, ejecutorias y diversos juicios de amparo ganados, las autoridades han ignorado durante años la problemática que enfrentan los integrantes del núcleo agrario.

Explicó que desde 2017 comenzaron las agresiones y actos de represión contra el grupo de campesinos, quienes incluso obtuvieron la posesión de los terrenos mediante procedimientos legales; sin embargo, posteriormente algunas de sus viviendas fueron incendiadas sin que, según denunció, existiera una orden o procedimiento que justificara esas acciones.

La representante legal señaló que entre las personas que presuntamente ocupan las tierras se encuentra Agustina Cruz Vázquez, quien habría permitido que Andrés Morales Rojas construyera una vivienda en una superficie destinada a la zona urbana ejidal, donde anteriormente se encontraban asentados los campesinos.

También mencionó a Alfredo Díaz Montaner, Santos Cruz y René Israel Chispán, entre otras personas, a quienes señaló de mantener ocupadas algunas áreas, pese a conocer que existen resoluciones y órdenes de desalojo relacionadas con el conflicto agrario.

Reyes Medina sostuvo que los derechos de los campesinos están respaldados por los juicios de amparo que promovieron, entre ellos los identificados como 887/2015 y 264/2016, además de otros procedimientos que, aseguró, fueron resueltos a favor de sus representados, luego de que las personas señaladas tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de audiencia.

Precisó que la resolución presidencial beneficia a 140 campesinos, quienes tienen reconocida una superficie de dos mil 159 hectáreas, aunque aclaró que no toda la extensión se encuentra invadida, sino que existen ocupaciones en algunas partes del terreno.

Ante esta situación, indicó que actualmente se han comenzado a realizar gestiones ante autoridades federales para actualizar los procedimientos de desalojo y llevar a cabo el deslinde perimetral de las dos mil 159 hectáreas correspondientes al grupo campesino.

Asimismo, señaló que se contempla el deslinde de otras 42 hectáreas correspondientes a la zona urbana ejidal, donde acusó que Agustina Cruz Vázquez estaría incurriendo presuntamente en el delito federal de fraccionamiento ilícito de tierras ejidales.

La representante legal explicó que también han solicitado medidas de protección y restricción para evitar que las personas señaladas se acerquen a los campesinos o a sus representantes, debido a los antecedentes de confrontaciones y a la disputa por la posesión de los terrenos.

Detalló que la Secretaría de Gobernación federal ya intervino en el asunto y turnó la petición a su homóloga en Veracruz, además de solicitar la participación de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para que, llegado el momento, se brinde el acompañamiento de la fuerza pública durante las diligencias de desalojo.

En ese contexto, Reyes Medina informó que acudieron a entregar un escrito a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, con la finalidad de ponerla al tanto del conflicto y solicitar su intervención para que las autoridades estatales colaboren en el cumplimiento de las resoluciones.

Aunque reconoció que todavía no han sostenido una reunión con el presidente municipal correspondiente, manifestó que buscarán acercarse a las autoridades locales para exponerles la situación y solicitar su respaldo.

Finalmente, afirmó que los campesinos no pretenden apropiarse de terrenos ajenos, sino recuperar las tierras que legalmente les corresponden, por lo que confió en que las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se traduzcan en acciones concretas para restituir las superficies a sus legítimos beneficiarios.

Recordó que la legislación agraria contempla disposiciones para reconocer los derechos de los beneficiarios de las resoluciones presidenciales y declarar la nulidad de actos que contravengan esos derechos, por lo que insistió en que las personas que actualmente ocupan parte de los terrenos deberán atender las determinaciones de las autoridades competentes.

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