Redacción

El síndico del Ayuntamiento de Villa Aldama, José Luis Garza Rodríguez, informó que presentó de manera formal una denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), específicamente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la probable comisión de conductas que pudieran constituir delitos en contra del patrimonio del municipio.

Acompañado por la presidenta municipal, Dulce María Flores, el funcionario explicó que esta acción deriva de las facultades y obligaciones que la ley le confiere como representante jurídico del Ayuntamiento y de su responsabilidad de velar por la correcta aplicación de los recursos públicos.

Durante la conferencia de prensa, Garza Rodríguez aclaró que la denuncia no constituye una acusación anticipada ni un señalamiento directo contra personas en particular, sino que busca poner en conocimiento de las autoridades competentes presuntas irregularidades detectadas en la administración municipal para que sean investigadas conforme a derecho.

«Mi deber no es juzgar, sino poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos actos u omisiones que representen una irregularidad en la administración de los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos de Villa Aldama», expresó.

Denuncian presuntas irregularidades financieras

De acuerdo con el comunicado emitido por la Sindicatura Municipal, entre las conductas detectadas de manera preliminar se encuentran:

Retención no enterada de impuestos, por la presunta omisión en el traslado y pago oportuno de las retenciones fiscales obligatorias.

Ejercicio indebido de atribuciones y facultades, al señalar el presunto desvío de recursos etiquetados, como las retenciones de impuestos, hacia obra pública u otros rubros, acción que señalaron está prohibida por la normatividad financiera y legal vigente.

Afectación directa al patrimonio municipal, mediante actos administrativos que ponen en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

Adeudos heredados afectan las finanzas municipales

Por su parte, la presidenta municipal Elsa María Flores señaló que una de las principales afectaciones detectadas corresponde al adeudo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) heredado por la administración anterior, situación que actualmente impacta las finanzas del municipio.

Indicó que las cantidades exactas ya fueron integradas en la denuncia presentada ante la Fiscalía; sin embargo, evitó revelar el monto debido a que forma parte de la investigación en curso.

Asimismo, explicó que las observaciones comprenden recursos correspondientes a distintos fondos del Ramo 033 y programas federales, cuyos montos ya fueron cuantificados dentro del pliego de observaciones.

Investigación contra exfuncionarios de la administración anterior

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, José Luis Garza Rodríguez confirmó que la denuncia va dirigida contra quienes resulten responsables de la administración municipal anterior, incluyendo exintegrantes del Ayuntamiento, por las posibles irregularidades detectadas durante el proceso de revisión.

No obstante, enfatizó que será la Fiscalía General del Estado la autoridad encargada de determinar responsabilidades, deslindar a los involucrados y, en su caso, ejercer las acciones penales correspondientes.

Reiteran compromiso con la legalidad

La alcaldesa Elsa María Flores afirmó que el gobierno municipal respalda plenamente la actuación de la Sindicatura y aseguró que el objetivo es proteger el patrimonio de las familias de Villa Aldama.

Por su parte, el síndico reiteró que esta acción no responde a intereses políticos, sino al cumplimiento de la ley y a la obligación de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

> «Mi compromiso es con la legalidad, la transparencia y el patrimonio de las familias de Villa Aldama. No se trata de una agenda política ni de un juicio sumario; se trata de cumplir con la ley», sostuvo.

Finalmente, las autoridades municipales informaron que el Ayuntamiento colaborará plenamente con el Ministerio Público, aportando toda la documentación y los elementos de prueba que sean requeridos, al tiempo que señalaron que respetarán el debido proceso y la secrecía de la investigación, por lo que corresponderá exclusivamente a la Fiscalía determinar las identidades y responsabilidades de los presuntos involucrados.