Redacción

Integrantes del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo y representantes jurídicos de ejidatarios de la Ampliación del Ejido de Ángel R. Cabada solicitaron la intervención de autoridades estatales para evitar un posible enfrentamiento entre ejidatarios y colonos, derivado de una disputa por aproximadamente 77 hectáreas de terreno.

Rafael Lindo Chagas, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, informó que acudió en representación de los ejidatarios, quienes buscan hacer pública su preocupación por la situación que prevalece en la zona y solicitaron la intervención de la gobernadora de Veracruz, la Fiscalía General del Estado y las autoridades de seguridad.

Explicó que el conflicto se relaciona con una sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, cuya ejecución, dijo, se ha prolongado durante varios años y actualmente ha generado tensión entre los grupos involucrados.

El asesor jurídico de los ejidatarios, Jesús Matías Molar, detalló que el origen del conflicto se remonta a un juicio agrario iniciado en 1998, identificado con el expediente 571/1998, en el que se disputó una superficie de 77 hectáreas entre ejidatarios de dotación y de ampliación.

De acuerdo con el abogado, en 2002 el Tribunal Unitario Agrario emitió una sentencia que ordenó a los ejidatarios de dotación entregar dicha superficie a los integrantes de la ampliación. Tras causar ejecutoria la resolución, agregó, se ordenó realizar la entrega legal y material de los terrenos.

Sin embargo, aseguró que posteriormente comenzaron a ingresar personas a la superficie en disputa, donde se formó un asentamiento conocido actualmente como colonia El Mesón.

El representante legal sostuvo que algunas de las personas asentadas en el lugar cuentan con constancias de posesión que, según afirmó, fueron expedidas por integrantes del comisariado ejidal, pese a que la superficie ya había sido objeto de una sentencia judicial.

Ante la falta de ejecución total de la resolución, los ejidatarios de ampliación recurrieron a la justicia federal y promovieron el juicio de amparo indirecto 220/2010 ante el Juzgado Tercero de Distrito.

Según explicó Molar, el juez federal determinó que el Tribunal Agrario tenía la obligación de ejecutar la sentencia, al tratarse de una resolución de carácter obligatorio, y ordenó continuar con las acciones necesarias para entregar las tierras a los ejidatarios de ampliación.

El abogado señaló que, debido a la complejidad del caso, tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Seguridad Pública y el Gobierno del Estado fueron vinculados para brindar apoyo durante las diligencias de ejecución.

No obstante, afirmó que en diferentes momentos las autoridades de seguridad no habrían acudido a los llamados judiciales, bajo argumentos relacionados con falta de personal o de elementos disponibles.

Molar señaló que el pasado 3 de diciembre de 2025 se logró ejecutar parcialmente la sentencia sobre una superficie de aproximadamente 27 hectáreas, por lo que los ejidatarios de ampliación tomaron posesión del terreno durante la diligencia correspondiente.

Sin embargo, afirmó que posteriormente integrantes del grupo de ejidatarios de dotación volvieron a ocupar parte de la superficie, situación por la cual se presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado.

El representante legal manifestó su inconformidad porque, según dijo, las carpetas de investigación no han avanzado debido a que la Fiscalía argumenta falta de peritos especializados en materia de agrimensura para determinar con precisión la ubicación y extensión de los terrenos.

Paralelamente, explicó que dentro del procedimiento federal se ordenó realizar trabajos técnicos para identificar las superficies que aún permanecen pendientes de entregar, que de acuerdo con sus cálculos serían alrededor de 50 hectáreas.

Para ello, indicó, los ejidatarios presentaron pruebas periciales en materia de topografía y solicitaron una inspección judicial.

Sin embargo, durante una diligencia realizada el pasado sábado, los trabajos de medición habrían sido interrumpidos por personas que se identificaron como colonos de la zona.

De acuerdo con el abogado, los habitantes argumentaron contar con constancias de posesión expedidas por integrantes del comisariado ejidal y advirtieron que no permitirían que se realizaran las mediciones.

El representante legal también señaló que en redes sociales se habrían difundido mensajes dirigidos a los habitantes para impedir los trabajos de medición, bajo el argumento de que esas tierras les pertenecen y que, si permitían las mediciones, podrían perderlas.

La situación, sostuvo, ha incrementado la tensión entre ambos grupos.

Agregó que personal del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada acudió también a la zona y cuestionó a las partes sobre los documentos con los que acreditan la posesión de los terrenos.

Los representantes de los ejidatarios de ampliación indicaron que cuentan con un acta de ejecución mediante la cual el Tribunal Agrario les entregó parcialmente la superficie, mientras que los colonos presentaron constancias de posesión emitidas por integrantes del comisariado ejidal.

Ante esta situación, los representantes de la ampliación cuestionaron que dichas constancias puedan prevalecer sobre una sentencia y un acta de ejecución emitidas por autoridades judiciales.

El abogado sostuvo que, desde su perspectiva, los integrantes del comisariado ejidal que entregaron o permitieron la ocupación de esas tierras carecían de facultades para hacerlo, debido a que existía una sentencia que obligaba a entregar la superficie a los ejidatarios de ampliación.

Asimismo, denunció que algunos de los integrantes de este grupo han recibido amenazas por parte de personas que se encuentran asentadas en la zona.

Afirmó que incluso se les habría advertido que, si ingresan a los terrenos, podrían ser agredidos, por lo que consideró que existe riesgo de que el conflicto agrario derive en un enfrentamiento.

Rafael Lindo Chagas y Jesús Matías Molar hicieron un llamado a la gobernadora de Veracruz, al secretario de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado para que intervengan y garanticen el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Los representantes de los ejidatarios también solicitaron que se atiendan las denuncias presentadas por las presuntas agresiones y amenazas, así como que se agilicen las diligencias periciales necesarias para determinar con precisión la superficie en disputa.

Molar recordó que en años anteriores ya se habría registrado un hecho de violencia relacionado con el conflicto agrario, en el que perdió la vida un representante agrario, por lo que insistió en la necesidad de evitar que la actual disputa escale.

Los inconformes señalaron que su principal petición es que se cumpla la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario y que las autoridades federales y estatales garanticen las condiciones de seguridad para realizar las diligencias pendientes.

También cuestionaron la participación de autoridades municipales en el conflicto, al considerar que se trata de terrenos sujetos al régimen ejidal y que la controversia debe ser resuelta por las instancias agrarias y judiciales correspondientes.

Finalmente, advirtieron que, ante la falta de una solución, existe preocupación de que los grupos involucrados intenten hacer valer sus derechos por la vía de los hechos, lo que podría generar un enfrentamiento de mayores consecuencias.

Los representantes insistieron en que buscan que el conflicto se resuelva por las vías legales y mediante el cumplimiento de las resoluciones judiciales, antes de que la tensión entre ejidatarios y colonos derive en hechos de violencia.