Redacción

Activistas de distintas entidades del país manifestaron su rechazo al proyecto de Ley General de Bienestar y Protección de los Animales, al considerar que contiene disposiciones que podrían permitir la muerte de animales como una medida de control y representar un retroceso en las leyes de protección animal que ya existen en los estados.

Durante una conferencia realizada de manera simultánea en distintos estados y municipios de México, Lourdes Jiménez, representante del capítulo Veracruz de la Confederación por los Derechos Animales de México, señaló que la organización agrupa a más de 350 asociaciones de 27 estados del país.

Afirmó que uno de los principales cuestionamientos al dictamen es que contempla la posibilidad de dar muerte a animales rescatados cuando no puedan ser reubicados o cuando no existan condiciones para garantizarles bienestar.

“Todo lo resuelve matando a los animales”, sostuvo la activista, quien ejemplificó que esta disposición podría aplicarse desde animales de compañía en situación de calle hasta especies como delfines, cuando no exista un espacio disponible para su reubicación.

También cuestionó que el proyecto contemple restricciones para la adopción de animales que hayan sido utilizados para actividades de trabajo, incluidas labores relacionadas con las fuerzas de seguridad, y que establezca la posibilidad de sacrificarlos cuando se considere que concluyó su “vida útil”.

Otro de los puntos que genera preocupación, dijo, es la creación del concepto de “matanza zoosanitaria”, mediante el cual podrían eliminarse animales ante la detección de algún problema sanitario.

La representante de los activistas advirtió que el dictamen no establece con claridad qué autoridad sería la responsable de determinar qué animales deberán morir, por lo que consideró necesario establecer garantías y procedimientos claros para evitar decisiones discrecionales.

Asimismo, señaló que el proyecto plantea modificaciones al artículo primero de la Ley Federal de Sanidad Animal, con las que, según los activistas, quedarían fuera de la protección sanitaria diversos grupos de animales, al concentrarse la legislación en especies utilizadas para consumo y experimentación.

Jiménez advirtió que esta modificación no solamente tendría consecuencias para los animales, sino también para la población, debido a que podría afectar las labores de vigilancia epidemiológica.

Como ejemplo mencionó el trabajo que actualmente realiza el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) frente a problemas sanitarios como el gusano barrenador, y cuestionó qué ocurriría con la vigilancia de enfermedades que involucren a especies que quedarían fuera del ámbito de protección de la legislación.

Los activistas también expresaron preocupación por la posible eliminación de disposiciones relacionadas con animales de vida silvestre y señalaron que el proyecto podría afectar los avances que durante años han conseguido organizaciones y ciudadanos en las diferentes entidades federativas.

En el caso de Veracruz, Jiménez destacó que existen disposiciones que prohíben determinadas prácticas de maltrato y matanza de animales, así como las redadas, por lo que consideró que una ley general no debería significar un retroceso respecto de las normas estatales.

“Para hacer una ley general, lo que debe hacer es homologar lo que está pasando. Lo ideal aquí era que ellos hubieran revisado las leyes estatales y entonces sacar una ley general”, expresó.

La representante de la Confederación por los Derechos Animales de México también cuestionó que, pese a la relevancia del dictamen, los legisladores federales no se hayan acercado a las organizaciones y ciudadanos de los municipios para conocer sus opiniones y las implicaciones que tendría la nueva legislación.

Pidió a los diputados federales y senadores escuchar a los activistas y especialistas de municipios como Huatusco, Córdoba y Papantla, entre otros, antes de aprobar cualquier modificación.

En particular, llamó a establecer un acercamiento con los legisladores de Veracruz, entre ellos el diputado federal Javier Herrera, para analizar los alcances del proyecto y defender los avances que, aseguró, se han conseguido en la entidad durante años.

Los activistas sostuvieron que la elaboración de una ley general debe realizarse mediante el análisis de las legislaciones estatales y con la participación de las organizaciones especializadas, especialistas y ciudadanía.

Como parte de sus demandas, solicitaron retirar el dictamen en sus términos actuales, revisar las leyes y avances existentes en las entidades federativas, escuchar a las organizaciones y especialistas que trabajan en protección animal y eliminar cualquier disposición que convierta la muerte de animales en una herramienta de control.

También pidieron garantizar la protección sanitaria de todos los animales, sin dejar grupos fuera de la legislación, y construir una verdadera Ley General de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales que represente un avance para todo México.

Finalmente, Lourdes Jiménez hizo un llamado a la ciudadanía a informarse y exigir a sus representantes en el Congreso de la Unión que revisen el dictamen antes de su eventual aprobación.

“No queremos un manual para matar, queremos una ley que proteja a los animales”, afirmó.

Los activistas señalaron que continuarán realizando acciones informativas y de protesta en diferentes entidades y municipios del país para buscar que el proyecto sea modificado y evitar, dijeron, que se afecten los derechos y mecanismos de protección animal que ya existen.