La Sala Superior
Enrique Yasser Pompeyo
El pasado miércoles, las magistradas Mónica Aralí Soto Fragoso, Janine Madeline Otálora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobaron por mayoría de votos los proyectos que resuelven los expedientes SUP-JIN-339/2025, SUP-JIN- 539/2025, SUP-JIN-730/2025 y SUP-JIN-817/2025 mediante el cual determinaron revocar los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral INE/CG571/2025 y INE/CG572/2025, a fin de dejar insubsistentes las asignaciones y constancias de mayoría de los candidatos hombres ganadores y asignar el cargo a la mujer más votada en cada caso, entre otros efectos.
Algunos de los afectados reflexionan al respecto.
En México y en cualquier parte del mundo, los procesos electorales representan una de las conquistas más importantes de la humanidad.
Gracias a estos, las sociedades han podido avanzar hacia formas de gobierno más justas, incluyentes y representativas. Las elecciones libres, auténticas y respetadas son el corazón de toda democracia funcional.
Por ello, es indispensable que en un país democrático como el nuestro, las reglas previamente establecidas para las contiendas electorales sean respetadas en todo momento, sin excepción y sin reinterpretaciones de última hora.
Ese respeto no sólo garantiza equidad para quienes compiten, sino certeza y confianza para las y los ciudadanos que depositan su voto creyendo en la legalidad del proceso.
Por primera vez, el pueblo de México eligió mediante el voto directo a las personas que ocuparán cargos clave en el Poder Judicial.
Una elección que representa un cambio profundo y un parteaguas en nuestra vida institucional. Por su relevancia, este proceso debía ser un ejemplo de pulcritud, legalidad y firmeza democrática. Sin embargo, hoy ese ejemplo está en riesgo.
A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano constitucionalmente encargado de organizar y dar certeza a los procesos electorales condujo la elección conforme a los criterios previamente establecidos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende reinterpretar las reglas y modificar los criterios de paridad y asignación de representación después de que el proceso ha concluido y los resultados son del conocimiento público.
No se trata de un debate de género ni de paridad. Esta elección nació y se construyó desde esa visión, y prueba de ello es que los resultados obtenidos hasta hoy otorgan más del 60% de los espacios a mujeres.
Por lo tanto, es incongruente intentar justificar una reinterpretación bajo un argumento que ya fue superado por los propios hechos. Las reglas de asignación no solo cumplieron con su propósito, sino que incluso lo superaron.
Pretender cambiar ahora los criterios bajo esta narrativa es desvirtuar el sentido real del proceso y poner en duda su legitimidad.
Se trata, en realidad, de una profunda preocupación jurídica e institucional: no puede haber democracia sólida sin certeza jurídica.
Las reglas del juego electoral no pueden modificarse una vez que la contienda ha terminado. Hacerlo mina la confianza ciudadana, sienta un precedente peligroso para el futuro y convierte cada elección en un espacio de incertidumbre en lugar de certeza.
Modificar los criterios después de conocidos los resultados, quitar constancias de mayoría a quienes legítimamente las obtuvieron conforme a las reglas vigentes, equivale a vulnerar la voluntad popular y debilitar gravemente el Estado de Derecho.
El Tribunal Electoral debió honrar su función constitucional, esto es, actuar con plena responsabilidad institucional y comprender que su papel es dar certeza, no sembrar dudas.
En especial, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, quien, en un actuar sin precedentes, pretendería llegar a las urnas en los comicios judiciales programados para el 2027.
A poco tiempo de concluir su mandato, hay quienes señalan que intenta alterar los resultados legítimos de la elección para favorecer a candidaturas específicas, con la intención de que estas le “deban el favor”.
“Bajo el falso argumento de una paridad que ya ha sido ampliamente cumplida, busca justificar asignaciones ilegales, creando una red de lealtades que le garantice influencia y continuidad en el futuro”, manifiestan.
Por ello refieren que “es inevitable pensar que dichas candidaturas no solo estarían en deuda con ella, sino que, de llegar al poder mediante este tipo de maniobras, nada garantiza su independencia ni su compromiso con el Estado de Derecho. La subordinación a la figura de Mónica Soto sería una amenaza directa a la autonomía de los nuevos cargos”.
De manera que esta audaz maniobra no sólo atenta contra la legalidad del proceso electoral, sino que pone en riesgo la democracia misma. Sin Estado de Derecho, no hay democracia: las reglas del juego no se cambian al final del partido.
Lo que está en juego no es sólo el resultado de una elección. Lo que está en juego es la confianza de todo un país y, sobre todo, “la legitimidad de quienes a modo, la magistrada Soto Fregoso quiere imponer”.
enriquepompeyo@hotmail.com
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