Perote, negocios con el tepezil 

Enrique Yasser Pompeyo

En la región de Perote, el tepezil ha sido durante décadas un recurso natural aprovechado para la industria de la construcción. 

Sin embargo, en los últimos años el tema ha dejado de ser únicamente económico para convertirse en un asunto político, social y ambiental. 

Las denuncias recientes del diputado federal Adrián González Naveda sobre explotaciones ilegales en la zona han vuelto a poner el reflector sobre un problema que, de acuerdo con diversos actores, lleva tiempo gestándose en silencio.

Algunas de estas explotaciones ya han sido clausuradas por la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente debido a que no cuentan con los permisos necesarios. Pero las acusaciones van más allá de una simple falta administrativa. 

Se habla incluso de presunto despojo de terrenos y de un esquema que implicaría incendios forestales provocados para posteriormente cambiar el uso de suelo y abrir bancos de material de manera irregular.

De confirmarse estos señalamientos, estaríamos frente a un patrón que no solo vulnera la legalidad ambiental, sino también los derechos de propiedad y la integridad del territorio. 

Más grave aún es que, dentro de estas denuncias, se menciona directamente al alcalde de Perote, Vinicio Ascencio Fernández, como presunto responsable o vinculado a estas actividades, situación que ya está bajo investigación de autoridades ambientales, tanto estatales como federales.

En política, las acusaciones son frecuentes, pero cuando se trata de recursos naturales y posibles daños ambientales, el asunto adquiere otra dimensión. 

La explotación irregular de materiales pétreos no solo transforma el paisaje; también altera ecosistemas, afecta fuentes de agua y genera tensiones sociales en las comunidades donde ocurre.

El debate, sin embargo, no debería reducirse a un enfrentamiento político entre actores públicos. El fondo del problema es más profundo: ¿quién controla los recursos naturales de una región y quién se beneficia realmente de ellos?

El legislador federal sostiene que el modelo actual favorece a unos cuantos mientras los trabajadores reciben salarios precarios y las comunidades cargan con los costos ambientales. 

Esa crítica abre una discusión legítima sobre el desarrollo regional. La explotación de tepezil puede ser una actividad económica válida, siempre y cuando se realice dentro del marco legal, con permisos ambientales, respeto a la propiedad privada y condiciones laborales dignas.

La verdadera disyuntiva no es entre desarrollo económico y protección ambiental, sino entre un desarrollo concentrado en pocas manos o uno que genere beneficios colectivos.

También hay un punto delicado que no debe ignorarse: la seguridad de quienes denuncian. 

Cuando ciudadanos se organizan para señalar presuntas irregularidades en torno a recursos naturales, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que puedan hacerlo sin miedo a represalias. 

La protección de denunciantes y comunidades es una condición básica para que exista transparencia.

Por ello, más allá del debate político inmediato, el caso de Perote exige algo elemental: investigaciones claras, instituciones firmes y resultados verificables. 

Si las acusaciones tienen sustento, corresponde a las autoridades actuar con todo el peso de la ley. Si no lo tienen, también debe aclararse públicamente.

Lo que no puede seguir ocurriendo es que los recursos naturales se conviertan en terreno fértil para sospechas, conflictos y opacidad.

El tepezil de Perote debería ser una oportunidad de desarrollo para la región. Pero para que eso ocurra, primero debe quedar claro que la ley está por encima de cualquier grupo político o económico. 

Solo así el desarrollo dejará de ser una promesa y comenzará a ser una realidad compartida.

enriquepompeyo@hotmail.com