Coatepec y el ambulantaje
Enrique Yasser Pompeyo
Además de la inseguridad, el comercio informal es el otro talón de Aquiles de los gobiernos municipales y Coatepec no es la excepción.
En ese contexto, la postura del alcalde Jorge Ignacio Luna Hernández, al afirmar que el Ayuntamiento no cederá a presiones de comerciantes informales y que la sociedad también es responsable de no fomentar la venta en la vía pública, coloca el debate donde realmente debe estar: en la corresponsabilidad.
El comercio ambulante no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del pueblo mágico. Sin embargo, en el centro histórico de la ciudad —donde convergen turismo, tradición y actividad económica formal— su presencia genera tensiones.
Entre semana la afluencia es menor, pero los fines de semana el ambulantaje se incrementa, ocupa calles y banquetas, complicando la movilidad y afectando a quienes sí cumplen con permisos, rentas e impuestos.
El alcalde ha sido claro: la Dirección de Comercio trabaja de manera permanente y coordinada con Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tránsito.
No es un operativo aislado ni un esfuerzo esporádico; es una acción continua que busca equilibrar orden y respeto a los derechos humanos de los comerciantes.
Y ahí radica parte de la complejidad: aplicar la norma sin caer en excesos, invitar al retiro o reubicación sin confrontaciones, actuar con firmeza sin vulnerar garantías individuales.
Pero hay un punto que incomoda y que, sin embargo, es ineludible: la ley de oferta y demanda. Mientras haya personas que compren en la vía pública, habrá quien venda en la vía pública.
La autoridad puede regular, supervisar y sancionar, pero no puede sustituir la conciencia ciudadana. Si el consumidor privilegia el precio inmediato sobre el orden colectivo, el fenómeno se perpetúa.
Es legítimo que existan manifestaciones y expresiones de inconformidad, como la ocurrida en el Palacio Municipal. Forma parte de la dinámica democrática.
Lo relevante es que no habrá decisiones tomadas bajo presión. Ceder ante bloqueos o rodeos al edificio público enviaría un mensaje de debilidad institucional y abriría la puerta a que cualquier grupo intente imponer condiciones por la vía de la presión.
Ahora bien, la firmeza también debe ir acompañada de alternativas. Reubicar, regularizar, ofrecer opciones viables para quienes dependen de esa actividad económica es parte indispensable de una política pública integral, como lo ha hecho el gobierno de Nacho Luna.
El combate al ambulantaje, en general, no puede reducirse a retirar puestos; debe contemplar esquemas que permitan transitar hacia la formalidad.
Coatepec enfrenta un reto: conservar su identidad y su atractivo turístico sin ignorar la realidad social.
La autoridad tiene la obligación de aplicar la norma de manera permanente y coordinada.
La ciudadanía, por su parte, tiene la responsabilidad de decidir dónde compra y qué modelo de ciudad quiere fortalecer.
enriquepompeyo@hotmail.com
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