Tlacolulan, basura y corrupción

Enrique Yasser Pompeyo

En la comunidad Potrero de García, en el municipio de Tlacolulan, lo que comenzó como una irregularidad tolerada se ha convertido en un agravio sistemático contra la ley, la salud pública y la dignidad comunitaria. 

Desde 2021 opera un tiradero a cielo abierto que se hace llamar “relleno sanitario”, pero que no cumple con las condiciones mínimas para ostentar esa denominación. 

No tiene permisos, no tiene controles ambientales y, peor aún, fue clausurado por la autoridad competente y aun así continúa funcionando tras la violación de sellos.

No es un asunto menor. Cuando se rompen sellos de clausura se rompe también el principio básico del Estado de derecho. 

¿Qué mensaje se envía a la población cuando una resolución ambiental puede ignorarse impunemente? 

El problema ya no es sólo la basura; es la normalización de la ilegalidad.

Desde enero, denuncian los habitantes, el volumen de desechos ha aumentado de forma considerable. 

Varios municipios de la región estarían utilizando este tiradero clandestino para deshacerse de sus residuos. 

Si esto se confirma, no se trata de omisión, sino de complicidad intermunicipal. La basura viaja en camiones oficiales o concesionados; no llega sola.

Las consecuencias están a la vista. Un vertedero a cielo abierto genera lixiviados que contaminan el suelo y los cuerpos de agua; atrae fauna nociva y crea condiciones sanitarias peligrosas. 

En Potrero de García ya hay manadas de perros ferales que han atacado y matado animales de la comunidad. Hay proliferación de ratas, foco potencial de infecciones. El riesgo es tangible y cotidiano.

Quienes defienden este espacio no piden privilegios, exigen legalidad. Los habitantes exigen que se respete la clausura ya dictada por la autoridad ambiental. 

Además, exigen que los municipios asuman su responsabilidad en el manejo integral de residuos. Piden que la Secretaría de Gobierno y el Gobierno del Estado intervengan para frenar lo que, a todas luces, constituye una operación ilegal.

La crisis de la basura en Veracruz no se resuelve trasladando el problema a comunidades rurales con menor capacidad de presión política. Se resuelve con planeación regional, inversión en infraestructura adecuada y cumplimiento estricto de la normatividad ambiental. Lo demás es simulación.

Combatir esta injusticia no es un capricho ni una bandera partidista; es una obligación moral y legal. Porque cuando la basura se impone sobre la ley, lo que se degrada no es sólo el paisaje: es la confianza ciudadana en sus instituciones.

enriquepompeyo@hotmail.com