Adiós al fuero para alcaldes

Luis Alberto Romero

La propuesta de la gobernadora Rocío Nahle para revisar el tema del fuero de los alcaldes, síndicos y regidores veracruzanos abre un debate necesario.

El fuero es una figura constitucional que durante años ha sido presentada como una garantía para el ejercicio de determinadas funciones públicas, pero que también ha generado cuestionamientos cuando un funcionario es señalado por la posible comisión de un delito.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, confirmó que la mandataria prepara una iniciativa de reforma constitucional que será enviada al Congreso local; por ahora, no se conocen los detalles del proyecto, por lo que será necesario esperar a que sea presentado formalmente para saber si plantea eliminar por completo la inmunidad procesal o establecer nuevas reglas para limitarla.

En los últimos meses, Veracruz ha tenido varios casos en los que presidentes municipales han sido sometidos a procedimientos para retirarles el fuero y permitir que las autoridades ministeriales y judiciales continúen con las investigaciones correspondientes.

En agosto pasado, el Congreso estatal declaró procedente retirar la inmunidad procesal a los entonces alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez; ambos enfrentaban investigaciones por la posible comisión de delitos graves. La decisión legislativa no representó una sentencia ni determinó su culpabilidad; simplemente permitió que los procedimientos penales siguieran su curso sin la protección constitucional que tenían por ocupar el cargo.

Ahora aparece sobre la mesa el caso de Coahuitlán; el alcalde Isaac García Álvarez fue señalado como presunto responsable de realizar disparos durante una fiesta patronal en Chumatlán, donde cuatro personas resultaron lesionadas. El episodio provocó indignación porque ocurrió durante una celebración en la que se encontraban familias y menores de edad; además, el edil abandonó el lugar después de los hechos; prácticamente huyó.

Corresponde a la Fiscalía investigar, reunir pruebas y determinar si existen elementos para ejercer acciones legales; y a los tribunales, resolver cualquier responsabilidad penal.

Pero el caso vuelve a colocar una pregunta sobre la mesa; ¿qué sentido tiene mantener una protección especial para funcionarios municipales cuando existen señalamientos que requieren ser investigados?

El fuero no significa que un funcionario tenga permiso para delinquir ni que pueda quedar fuera del alcance de la justicia; su propósito es establecer un procedimiento particular para que determinados servidores públicos puedan ser procesados mientras desempeñan sus funciones.

El problema surge cuando esa protección es percibida por la sociedad como una barrera para que las investigaciones avancen.

Por ello, la iniciativa a que se refirió el secretario de Gobierno llamó la atención; lo importante es que ningún funcionario interprete su cargo como un permiso para actuar al margen de la ley, porque al final, ocupar un cargo de elección popular no coloca a nadie por encima de los demás; los cargos públicos no deben convertirse en patentes de corso.

@luisromero85