Redacción

Integrantes del Fraccionamiento Ecológico y Popular Las Minas A.C. se manifestaron este jueves en calles de Xalapa para exigir justicia y denunciar lo que consideran un intento de despojo de los terrenos donde habitan desde hace más de dos décadas.

Con mantas desplegadas en plena vía pública, los manifestantes señalaron directamente a la Fiscalía Regional de Xalapa y al Tribunal Superior de Justicia del Estado como responsables de lo que califican como omisiones y violaciones a sus derechos.

En los mensajes visibles durante la protesta se leía: “El Fraccionamiento Ecológico y Popular Las Minas A.C. busca justicia”, así como acusaciones de corrupción y referencias a carpetas de investigación y procesos penales en curso. También se hizo alusión a un caso de homicidio ocurrido en 2020, cuyo proceso –según denunciaron– lleva más de 60 meses sin resolverse.

Una historia que inició en 1995

Rafael Vázquez Vázquez, presidente y representante legal de la asociación civil, explicó que el movimiento comenzó en 1995, cuando un grupo de familias sin acceso a créditos de vivienda decidió organizarse para adquirir un terreno en el ejido El Tronconal, rumbo al relleno sanitario de Xalapa.

Según su versión, un ejidatario les vendió una fracción de su parcela mediante una cesión de derechos. Aseguran que desde entonces mantienen posesión pública, pacífica y permanente del predio, donde varias familias construyeron viviendas con recursos propios.

El representante afirmó que el pago del terreno ascendió aproximadamente a 500 mil pesos en aquel entonces y que cuentan con recibos firmados por quien ahora los denuncia.

Conflicto legal y acusaciones de despojo

De acuerdo con los manifestantes, en 2023 el hijo del ejidatario interpuso una denuncia por despojo. Señalan que en ese momento lograron acreditar la posesión legítima del predio y que la carpeta fue archivada.

Sin embargo, aseguran que el 27 de mayo de 2024 un grupo de personas ingresó al terreno, colocó cercas, cadenas y candados en viviendas mientras sus ocupantes estaban trabajando, impidiendo el acceso a las casas.

Posteriormente, la Fiscalía habría reactivado la denuncia inicial, mientras que la denuncia presentada por los habitantes –según su dicho– no avanzó con la misma celeridad.

Vázquez Vázquez afirmó que el pasado 4 de febrero fueron vinculados a proceso y que ahora enfrentan una audiencia en la que, aseguran, se les pretende obligar a entregar el predio antes de que concluya el proceso judicial.

“Tenemos la presunción de inocencia. Que se lleve el proceso hasta que exista sentencia firme, pero no antes”, expresó.

15 familias directamente afectadas

Aunque la asociación agrupa a más personas, indicaron que actualmente son 15 las familias que ya construyeron viviendas en el terreno y que estarían en riesgo inmediato de desalojo. Entre ellas hay mujeres, adultos mayores y menores de edad.

Los inconformes reconocieron que no cuentan con escrituras, sino con una cesión de derechos, ya que –según explicaron– el ejidatario no logró obtener el dominio pleno del terreno ante las autoridades agrarias.

Exigen justicia para Dorian Vázquez

Durante la manifestación también exigieron justicia para Dorian Vázquez Lara, hijo de Rafael Vázquez Vázquez, quien fue asesinado el 30 de marzo de 2020.

En una de las mantas se señala que han transcurrido 68 meses desde el homicidio sin que, afirman, haya una resolución definitiva. Los manifestantes sostienen que el caso forma parte del contexto de hostigamiento y conflicto que enfrentan desde hace años.

“En Veracruz la justicia está de luto”, se leía en una de las consignas impresas.

Llamado a la gobernadora

En otra de las mantas exhibidas durante la manifestación se dirigieron a la gobernadora Rocío Nahle García, solicitando su intervención para que se revisen tanto el proceso penal por el predio como el avance en el caso del homicidio.

Los manifestantes señalaron que no desean afectar a terceros ni bloquear vialidades, pero que ante lo que consideran una amenaza inminente de desalojo y la falta de avances judiciales, se vieron obligados a salir a las calles.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales para garantizar un proceso legal imparcial y una pronta resolución en ambos casos.