La abogada penalista y defensora de derechos humanos Perla del Carmen Morales Solano, acompañada del abogado Roberto Pablo Mercado Zamora, denunció una grave omisión legislativa en el Estado de Veracruz relacionada con el incumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Veracruz encabeza cifras nacionales de tortura y tratos crueles
Con base en el boletín presentado durante la rueda de prensa, titulado “La tortura en Veracruz no se castiga”, la defensora destacó que el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) reporta que Veracruz ocupa el primer lugar nacional en víctimas de tortura y tratos crueles, con 4 mil 643 personas afectadas, lo que representa 15.5% del total nacional.
De acuerdo con datos actualizados al 30 de septiembre de 2024, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ha registrado 2 mil 375 expedientes, de los cuales 97.8% (2 mil 322 casos) corresponden a denuncias por tortura. En el fuero federal, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió 839 expedientes, 168 de ellos por tortura.
El informe señala que, pese a la magnitud de los casos, en Veracruz no existe una fiscalía verdaderamente autónoma para investigar este delito, a diferencia de estados como Nuevo León, Jalisco y Nayarit, que ya han creado fiscalías especializadas con independencia técnica y operativa.
“Las autoridades veracruzanas —Congreso, Gobernadora, Fiscalía y Comisión Estatal de Derechos Humanos— son sujetos obligados por la ley y están incumpliendo su deber de legislar y garantizar justicia”, denunció Morales Solano.
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Tres ciudadanos estadounidenses, víctimas de tortura y prisión preventiva prolongada
Durante la conferencia, la abogada expuso el caso de tres ciudadanos estadounidenses —Joel Lemus, Ramiro Julián Laurencio Guevara y Domingo Ramos Guevara—, actualmente recluidos en el Centro de Reinserción Social de Poza Rica, quienes fueron torturados durante su detención y dentro del penal.
> “Desde mayo de 2024 se dio vista a la Fiscalía para que iniciara una investigación y aplicara el Protocolo de Estambul, que incluye dictámenes médicos y psicológicos. Sin embargo, hasta hoy no se ha realizado ninguna diligencia”, afirmó Morales.
Detalló que los detenidos, quienes no hablan español, fueron golpeados para que firmaran confesiones y posteriormente sometidos a condiciones inhumanas dentro del penal: cobros ilegales por alimentos, visitas y acceso a medicamentos, incluyendo insulina para uno de ellos que padece diabetes.
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“Solo un proceso penal por tortura en todo Veracruz”
La abogada denunció que, a pesar de las cifras del RENADET, en Veracruz solo existe un proceso penal por tortura, el cual —dijo— “casualmente es el caso instaurado en contra de Jorge Winckler, exfiscal general del Estado”.
“No puede ser que en un estado donde se documentan miles de víctimas, solo exista un proceso judicial. Eso demuestra el nivel de impunidad y la falta de voluntad política”, subrayó.
Morales también mostró documentos del juicio de amparo interpuesto contra la omisión legislativa, en los cuales el Congreso del Estado y la Gobernadora Cuitláhuac García Jiménez, a través de sus representantes, niegan la existencia de omisión y argumentan que “ya existe una fiscalía especializada”, aunque esta depende directamente de la Fiscalía General, lo que contradice el principio de autonomía exigido por la ley federal.
Denuncian prórrogas ilegales y suspensión de audiencias judiciales
Por su parte, el abogado Roberto Pablo Mercado Zamora, co-litigante en el caso, denunció que los jueces del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Poza Rica han prorrogado la prisión preventiva justificada de sus representados “de escritorio”, es decir, sin audiencia previa, lo que calificó como una violación directa a los derechos humanos y al Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Ya existen dos sentencias de amparo que ordenan no hacerlo, pero el Poder Judicial de Veracruz sigue repitiendo el mismo acto. Las audiencias se suspenden o difieren sistemáticamente. No hay justicia en Veracruz porque los jueces no quieren trabajar”, afirmó Mercado Zamora.
Agregó que, tras la contingencia que afectó la zona norte del estado, los juzgados de Poza Rica y Álamo cerraron durante días, sin informar con claridad el estado de los expedientes.
“No sabemos si los archivos se perdieron o no. Dicen que los resguardaron, pero en las notificaciones aparece que no tienen las constancias”, cuestionó.
Exigen acción inmediata al Congreso y a la Fiscalía
Ambos abogados coincidieron en que la falta de autonomía de la fiscalía, la inactividad judicial y la omisión legislativa han provocado un escenario de impunidad generalizada en Veracruz, donde la tortura no se castiga y las víctimas permanecen sin justicia.
“Hacemos un llamado enérgico al Congreso del Estado, a la Gobernadora y a la Fiscalía General de Veracruz para que cumplan su obligación de legislar y crear una fiscalía especializada, independiente, con recursos y personal técnico capacitado. El pueblo de Veracruz merece justicia y verdad”, concluyó Morales Solano.
Contexto legal y exhorto final
El boletín recordó que, conforme a la controversia constitucional 14/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una omisión legislativa ocurre cuando existe un mandato constitucional de legislar y éste no se cumple, total o parcialmente.
La abogada cerró citando a Malcolm X:
“Estoy a favor de la verdad, la diga quien la diga. Estoy a favor de la justicia, a favor o en contra de quien sea.”
— LIC. PERLA DEL CARMEN MORALES SOLANO
Abogada penalista y defensora de derechos humanos
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