Exige SNTE Sección 32 separación del cargo de funcionarios de la SEV

• También denunciaron múltiples irregularidades

Enrique Yasser Pompeyo
Xalapa

La sección 32 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) exigió a la Secretaría de Educación de Veracruz la separación inmediata de la titular de la UPECE–USICAMM, Neyra Arleth Bautista Mayorga, así como de la titular de Educación Indígena, Nidia Carilú Nava Palomec.

Además, demandaron la liberación inmediata de plazas y recursos docentes, el reconocimiento a promociones legítimas, el pago de seguros institucionales pendientes desde 2011, la regularización de los trabajadores con adscripción distinta a su centro laboral real, respeto a la legalidad en Educación Indígena.

En conferencia de prensa, emitieron un posicionamiento dirigido a la gobernadora Norma Rocío Nahle García, así como a Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública.

A nombre del gremio, André Peralta Flores, secretario de Operación Política de la Sección 32 del SNTE expuso el sentir del magisterio, el cual se hizo de manera simultánea en todo el territorio estatal donde tienen presencia.
Falta de asignación de plazas docentes, pues miles de horas clase permanecen vacantes por jubilaciones, defunciones o ascensos, sin ser cubiertas.

También denunciaron las promociones negadas, por lo que cientos de trabajadores evaluados no acceden a sus ascensos, además de que la autoridad simula falta de plazas.

Hay directores sin reconocimiento, por lo que más de 2,500 escuelas tienen directores comisionados sin derechos ni pago acorde.

Denunciaron también la omisión en pagos y licencias; hay atrasos de hasta tres quincenas, de manera que las licencias no se cubren adecuadamente.

Existen irregularidades con USICAMM: Fallas de plataforma impidió la participación a más de 800 trabajadores.

Los docentes denunciaron que la Educación Indígena está en en crisis, pues hay contrataciones irregulares, persecución laboral y documentos apócrifos.

El hostigamiento institucional también prevalece, pues envían correos intimidatorios sobre declaraciones patrimoniales.

También denunciaron el incumplimiento del decreto presidencial, pues se ignora el decreto de movilidad laboral con criterios arbitrarios y sin inclusión sindical.

Por lo anterior, señalaron que la Sección 32 del SNTE «no está aquí para pedir favores, está aquí para defender derechos. El respeto a la ley, a los trabajadores y a la organización sindical no es negociable».

De manera que exigieron una autoridad con visión, sensibilidad y voluntad de construir. «No más simulaciones. No más desprecio por la legalidad».

Finalmente, reiteraron que el SNTE es y seguirá siendo la voz legítima del magisterio. «¡Por la dignidad del magisterio veracruzano, exigimos justicia, soluciones y respeto ya!».

C.ING NORMA ROCIO NAHLE GARCIA 

GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 

MTRO. MARIO DELGADO CARRILLO 

SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICO

COMPAÑERASYCOMPAÑEROSTRABAJADORESDELAEDUCACIÓN AGREMIADOS AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 32.

Nuestra organización sindical, el SNTE sección 32, se ha caracterizado siempre por ser propositiva, de dialogo, de acuerdos, respetuosa de las autoridades y de las leyes que nos rigen; exigente de que se respete el derecho de los trabajadores de la educación y se garantice el interés superior de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad como lo garantiza el art. Tercero constitucional.

Nos manifestamos hoy, para reafirmar una verdad fundamental la fuerza del magisterio está en su unidad. Somos parte de una estructura viva, combativa y organizada que se llama SNTE.

Ser trabajadora o trabajador de la educación es una tarea de alto compromiso social, que exige condiciones dignas, respeto y garantías laborales. No estamos aquí por inspiración, sino por convicción. Porque sabemos que, sin maestras, maestros ni personal de apoyo, no hay educación pública posible, ni transformación real.

En estos meses hemos enfrentado desafíos concretos con la SEV en diversas  áreas, con procesos administrativos desconectados de la realidad escolar, que violentan los derechos del trabajador y más grave aunque ignoran ordenamientos legales y acuerdos sancionados en minutas celebradas entre la autoridad federal y nuestro sindicato; esto genera condiciones laborales que exigen más y retribuyen menos. Los trabajadores de la educación sabemos lo que es sostener la escuela pública con nuestro esfuerzo, aun cuando el sistema nos exige sin escuchar.

Nuestro sindicato es herramienta de lucha legal y legítimamente constituida. Es voz que representa, estructura que defiende y espacio que organiza.   Ante tales circunstancias nos permitimos mencionar algunas de las inconsistencias que se presentan en la dependencia de la SEV:

• La falta de maestros en las escuelas de todos los niveles educativos por la baja del servicio generada por la jubilación, ascenso, defunción de los trabajadores docentes y que no se asignan a nadie, con el argumento de que no hay el suficiente numero de alumnos, por tanto solo ofrecen contrataciones temporales que los jóvenes no aceptan. 

•   Es necesario  se liberen los recursos docentes que hacen falta en las escuelas, y se deje de impedir que se cubran las vacantes en tiempo y forma, afectando el derecho de nuestros estudiantes a tener maestras y maestros frente a grupo. Ya basta de simulaciones y falsas interpretaciones de la ley que perjudican a las escuelas y dejan a miles de niñas y niños sin atención educativa.

• En el ciclo escolar que está por concluir, se dejó sin oportunidad de mejora profesional y económica a cientos de maestros que cumplieron con el requisito de ley de ser evaluados para acceder a la promoción de ascensos directivos y horas adicionales de los diferentes niveles educativos. Al no ofertar las plazas y horas vacantes con el argumento falaz de no haber plazas disponibles ni horas. Cuando es mas que evidente la falta de los mismos en las escuelas de todo nuestro estado.

• Faltan más de 2,500 directores efectivos en las escuelas, y existen igual número de directores comisionados en los niveles de preescolar, primaria, educación indígena, telesecundarias y educación especial. La Secretaría de Educación de Veracruz ha venido comisionando a maestros de grupo para realizar la función directiva y docente a la vez  les pagan solo una; adquieren responsabilidades mayores y, además, están en indefensión, ya que realizan una función que no reconoce ningún mérito.

Además, tienen impedimento para acceder a las promociones, tanto para reconocimiento económico como para las promociones verticales (ascensos directivos). No pueden participar en cambios, ni en nada que les convenga, porque tienen una comisión que la autoridad decidió otorgarles sin ninguna recompensa. 

• Otra problemática que enfrentamos es el no respeto a los efectos de los nombramientos en las contrataciones de los trabajadores lo que se debe a una mala interpretación de la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente de los artículos 26 y 26-A, que claramente establecen que los contratos pueden realizarse hasta 45 días antes del movimiento administrativo de los trabajadores. Sin embargo, se hace lo contrario: se interpretan 45 días posteriores.

Como resultado, pasan tres quincenas sin que los trabajadores reciban pago alguno, y de esta manera no obtienen su remuneración en tiempo y forma. Es decir, o no reciben el pago de tres quincenas de trabajo o, en su defecto, deciden no laborar hasta que llegue su nombramiento y, obviamente, su pago.

• Los ascensos por promoción vertical a puestos directivos generan un doble pago por parte de la Secretaría de Educación. Esta emitió órdenes de presentación con efectos a partir de la quincena 09 del año 2025, cuando al trabajador le fue asignado el nombramiento hasta la quincena 10 del mismo año. Por esta duplicidad de pagos, se solicita al trabajador —mediante oficio— que devuelva la percepción neta y las aportaciones hechas a terceros institucionales, tales como:

• Pago de derechos al ISSSTE,
• Aportaciones sindicales,
• Pago de impuestos.
• Pago de vivienda y otras obligaciones adquiridas por el trabajador.

Estas deducciones se aplican dos veces: una como maestro de grupo activo y otra como directivo. 

Además, se le advierte que, de no devolver esos montos, no se le reconocerá su nuevo puesto, obtenido legítimamente mediante evaluación conforme a la normatividad vigente. Es decir: si no pagas lo que (la autoridad) te adeudé por error, no te pago lo que tú ganaste por derecho, haciendo con ello una retención indebida de salario.

Del mismo modo, las licencias sin goce de sueldo —ya sea por ocupar otro empleo, por asuntos particulares o cualquier otro motivo— son un derecho del trabajado . Sin embargo, no pueden cubrirse porque ocurre el mismo fenómeno: aunque el trabajador haya solicitado licencia con anticipación y fecha límite, posteriormente se le informa que no está aprobada, ya que debe devolver lo que la Secretaría pagó erróneamente, aun cuando esos pagos ya no le correspondían.

• Los procesos administrativos laborales de los trabajadores, derivados de una necesidad específica avalada en el Reglamento General de las Condiciones de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, en su artículo 55 —el cual contempla cambios por salud, necesidad del servicio o inseguridad—, enfrentan diversas irregularidades.

Una vez que estos cambios han sido dictaminados como procedentes, no se asigna el nuevo centro de trabajo al trabajador. En lugar de ello, se les permite incluso iniciarles procesos por probable abandono de empleo, omitiendo toda la normatividad aplicable y desestimando la justificación legal que respalda sus casos.

Dichas justificaciones, además, ya han sido emitidas por las entidades correspondientes: el ISSSTE, en el caso de salud, y la Fiscalía General del Estado, en los casos relacionados con inseguridad.

• La no entrega de las órdenes de presentación de horas adicionales al personal de Educación Física, que debidamente y conforme a la normatividad vigente ganó los concursos para dichas horas desde el año 2019 hasta la fecha, representa una grave omisión.

Estos compañeros no cuentan con el documento que los acredita como titulares de esas horas, ni con la basificación correspondiente, lo que limita seriamente sus derechos laborales.

Aunque se hizo un compromiso para solucionar esta situación, hasta la fecha no se ha dado ninguna respuesta.

• La persecución por trámites administrativos laborales ha instaurado procedimientos en contra de trabajadores docentes, directivos, jefes de sector y supervisores. En otros momentos, se utilizaban herramientas legales como el diálogo y la conciliación, evitando afectar el servicio educativo, la responsabilidad de los trabajadores, su imagen y su dignidad.

Actualmente, los procesos y sus protocolos separan de manera inmediata a los trabajadores, exponiendo su nombre, reputación, trayectoria y años de servicio al escrutinio de la propia autoridad y de la sociedad, aun cuando estos procedimientos, en muchos casos, podrían resolverse de manera más simple y menos lesiva.

Estamos de acuerdo en que existan protocolos de actuación estrictos cuando se trata de proteger a nuestros alumnos. Sin embargo, no deben aplicarse de la misma manera entre maestros, ya que eso no solo perjudica al trabajador señalado, sino que también lesiona al sistema educativo en su conjunto, al que todos ellos sirven con compromiso.

• Desde el inicio de la actual administración de la Secretaría de Educación de Veracruz solicitamos la solución inmediata y una respuesta pronta a la solicitud que hemos venido planteando, referente al pago de los seguros de vida institucionales de los trabajadores jubilados y en activo.

Desde el año 2011 a la fecha, solo se ha realizado el pago de unos cuantos casos, dejando en indefensión a los trabajadores y, sobre todo, a los beneficiarios de quienes han fallecido.

Al mismo tiempo, exigimos que se actualice la póliza y que se garantice a todo el personal activo que la Secretaría de Educación de Veracruz contratará una empresa responsable, que efectivamente cumpla con los pagos en caso del fallecimiento de algún trabajador.

Hasta el día de hoy, no se nos ha dado ninguna respuesta.

•   Las claves presupuestales de Misiones Culturales no son liberadas por la Autoridad Educativa de la Secretaría de Educación de Veracruz para que se realicen los procesos de ingreso y promoción con motivo 10 definitivo para el personal de nuevo ingreso.

Una vez que se realiza estos procesos al llegar a la etapa de validación son rechazados los trámites bajo el argumento de que no se cumplen con los lineamientos establecidos por USICAMM, cuando estas plazas no están consideradas bajo las normas de este organismo.

• Existe un adeudo histórico en escuelas secundarias técnicas y generales respecto a la contratación de las horas sueltas que van quedando después de los procesos de promoción para nuevo ingreso y horas adicionales.

Este segmento de horas reducido a un módulo por asignatura queda inutilizado, para ser otorgado a un nuevo ingreso o como horas adicionales generando un adeudo cercano a 20 mil horas, lo que representa 20 mil horas sin clases en diversas asignaturas como Español, Matemáticas, Ciencias, así como en materias de formación como Artes y Tecnologías, las cuales no han sido cubiertas desde hace ya varios años.

Las escuelas han tenido que enfrentar esta situación con estrategias propias por parte de los directores, quienes, a pesar de contar con personal capacitado y con el perfil adecuado para cubrir esas horas, no tienen autorización para asignarlas.

Hasta la fecha, no se ha permitido esta contratación, lo que se traduce en grupos de niñas, niños y jóvenes sin atención, sin clases, sin esperanza y sin futuro.

• En el nivel de Educación Indígena existen situaciones graves que ponen en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores en el estado.

Se han detectado contrataciones ilegales de personal, desplazando a trabajadores que sí cuentan con los derechos y requisitos para ser contratados. A pesar de que Educación Indígena ha recibido el 100 % de los aspirantes aprobados para plazas vacantes —es decir, todas las plazas disponibles han sido ocupadas—, en el caso de las plazas temporales, un grupo de trabajadores con varios años de servicio está siendo desplazado por personal nuevo sin el perfil correspondiente, producto de favores políticos o personales ejercidos desde el nivel central.

Además, se ha intensificado la persecución laboral del personal de este nivel. Se han reactivado procesos administrativos que ya habían sido debidamente agotados y solucionados, con el pretexto de aparentar que se trata de asuntos vigentes, afectando la trayectoria y estabilidad de los involucrados.

Denunciamos también la presentación de documentos apócrifos, tales como órdenes de presentación emitidas por la actual directora general, contraviniendo todas las disposiciones legales. Estas órdenes de presentación no tienen validez legal, ya que la directora general no cuenta con la facultad de contratar personal ni de emitir documentos oficiales. Como consecuencia, estos trabajadores no son registrados en nómina, ni reconocidos para efectos de seguridad social, ni en ningún sistema institucional.

Se hace indispensable que cesen este tipo de prácticas ilegales, y que no se otorguen facultades omnipotentes a la directora general de Educación Indígena, quien no cuenta con el conocimiento, el perfil ni la habilidad necesarios para conducir con responsabilidad y legalidad un nivel educativo tan importante y delicado como lo es este.

• El mismo nivel de Educación Indígena cometió una grave afectación en contra de ocho trabajadores, quienes fueron contratados y registrados en la quincena 16 del año 2024, pero notificados hasta el 1 de abril de 2025 de que su nombramiento quedaba sin efectos, bajo el argumento de no haber acreditado el examen lingüístico.

Esta decisión violenta sus derechos laborales, ya que continuaron laborando de manera regular hasta abril de 2025, sin recibir ningún tipo de advertencia o proceso previo. A la fecha, no se les ha ofrecido solución alguna; simplemente se les notificó su baja, sin que se haya seguido el debido procedimiento administrativo.

Además, la situación por la cual se les pretende fincar una responsabilidad ya está prescrita, lo que invalida completamente la acción administrativa tomada en su contra y pone en evidencia una clara violación a sus derechos laborales y humanos.

• La no publicación de las claves para directores de escuela en el nivel de Educación Indígena ha generado una afectación directa a los derechos de ascenso de los compañeros, vulnerando así sus derechos humanos y laborales.

Durante los procesos de promoción, no se ofertó ninguna clave directiva en este nivel, a pesar de que existen vacantes evidentes, lo cual contraviene el derecho del trabajador a aspirar a un ascenso, así como el derecho de la representación sindical a denunciar formalmente estas omisiones.

Esta situación ignora la relevancia del rol que desempeñan los directores en la conducción, organización y mejora del servicio educativo, dejando a muchas escuelas sin liderazgo formal y debilitando el funcionamiento institucional.

• . La plataforma digital de la Secretaría y quienes la administran fallaron en su funcionamiento, presentando una interrupción de más de un mes, sin que se haya recuperado el tiempo perdido ni se haya ofrecido una alternativa real para que los trabajadores pudieran completar su inscripción en los diferentes procesos.

Como consecuencia, más de 800 trabajadores no pudieron realizar la comprobación de sus documentos para los procesos de promoción vertical, horizontal y cambios de centro de trabajo, requisito indispensable para participar en dichos procesos. La plataforma fue deshabilitada, y no se ofreció un mecanismo alterno para agregar o validar la documentación correspondiente.

Además, se impidió a los afectados ejercer su derecho a la reconsideración, tal como lo establece la propia normatividad de la USICAMM, dejándolos excluidos de manera injusta y sin el derecho de participación en procedimientos que impactan directamente en su desarrollo profesional y laboral.

• Más de 3,600 trabajadores de todos los niveles educativos se encuentran en situación administrativa irregular: cobran en un centro de trabajo, pero laboran físicamente en otro distinto.

Esta situación se originó tras la realización de cadenas de cambio en ciclos pasados y se agravó con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y la gestión de su unidad administrativa, USICAMM, lo que ha dejado a estos trabajadores en total indefensión: jurídica, social y laboral.

Como resultado, estos trabajadores:

• No pueden acceder a ningún proceso que les represente beneficios, ya sea de tipo económico o de ascenso.
• No pueden registrar cambios en su seguridad social, ya que no existe coincidencia entre su adscripción administrativa y su ubicación física real.
• En caso de accidente de trabajo, no reciben atención médica adecuada, pues los directores no pueden certificar su presencia en el centro donde realmente laboran, al no coincidir con el lugar en el que están dados de alta.

Este problema ha sido planteado en múltiples ocasiones. Actualmente, se contempla en los nuevos criterios del decreto publicado por la presidenta de la República, donde se invita a la regularización de esta situación. Sin embargo, dicho proceso se ha planteado sin la participación de la organización sindical, lo que deja fuera al actor fundamental que debe representar y defender los derechos del personal afectado.

• En días recientes, fue enviado un correo electrónico a los trabajadores, exhortándolos a comprobar el acuse de su declaración patrimonial, bajo advertencia de atenerse a consecuencias graves, incluyendo posibles faltas administrativas y hasta el cese de los efectos de su nombramiento.

Esto resulta inaceptable, ya que los trabajadores han venido cumpliendo con esta obligación en tiempo y forma desde años anteriores. Se han realizado campañas institucionales exhaustivas para informar, acompañar y asegurar el cumplimiento de esta obligación legal.

No es posible que , a estas alturas, la Secretaría desconozca que el personal ha cumplido debidamente, y en lugar de reconocer el esfuerzo, recurra a mensajes coercitivos que generan hostigamiento y un ambiente de control basado en el temor.

Este tipo de acciones dejan en evidencia el acoso institucional al que están siendo sometidos los trabajadores, buscando establecer un control de terror sobre su desempeño y permanencia laboral, lo cual vulnera directamente su dignidad y sus derechos como servidores públicos.

• Y la exigencia más contundente que presentamos el día de hoy es contra el desacato, la desinformación y el incumplimiento en que ha incurrido la Secretaría de Educación, en particular la titular de la UPECE–USICAMM, al ignorar el decreto presidencial publicado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, referente a la movilidad de los trabajadores del sector educativo.

Aunque se crearon criterios específicos para operar y normar dichos cambios, la autoridad ha caído en incumplimiento, elaborando criterios a su conveniencia y juicio propio, desoyendo lo que el mismo decreto establece en cuanto a procedimientos, formas y plazos. Esto deja en claro que no se busca realizar estos procesos en coordinación con la organización sindical que legítimamente representa a los trabajadores.

Esta situación lesiona gravemente el derecho a la movilidad laboral de los compañeros en distintos momentos de su carrera, y otorga a la autoridad una decisión arbitraria y unilateral sobre quién entra y quién no entra en los procesos.

Lo más grave es que trabajadores con pleno derecho a participar han recibido notificaciones por escrito negándoles su acceso, con criterios unilaterales, absurdos, incompetentes e ilegales.

Ante esta situación, esta organización sindical no puede permanecer omisa. Si bien es evidente que hay una actitud personal en contra de este organismo, ello raya en lo subjetivo y arbitrario, y se basa en interpretaciones personales de la normatividad, no en criterios institucionales.

El SNTE reafirma su compromiso de defender los derechos laborales de sus agremiados y apela siempre al diálogo, la negociación y los acuerdos institucionales apegados a la legalidad, que fortalezcan la estabilidad del personal educativo en el estado de Veracruz.

• Se han solicitado audiencias y mesas de trabajo, conforme lo establece el acuerdo nacional entre el SNTE y la Secretaría de Educación Pública, así como con los titulares de la UPECE y del Gobierno de la República.

Sin embargo, en el estado de Veracruz, dichas solicitudes han sido ignoradas. Las pocas mesas de trabajo que han sido gestionadas han quedado en el olvido, sin seguimiento, sin resultados concretos, e incluso han violentado posibles acuerdos que favorecían a los trabajadores.

Aunque la propia UPECE–USICAMM ha reconocido públicamente la importancia de la organización sindical, en la práctica nos ha hecho a un lado, dejando al trabajador solo e indefenso ante posibles agravios a sus derechos laborales.

Por todo lo anterior, hoy estamos aquí para manifestar nuestra decidida inconformidad y nuestra firme acción sindical, con el propósito de exigir el respeto pleno a los derechos de los trabajadores de la educación, y para recordarque el diálogo institucional con el sindicato no es opcional, es un deber legal y ético.

• Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respetuosamente a la Ing. Norma Rocío Nahle García, Gobernadora Constitucional del Estado de Veracruz, y a la Secretaria de Educación, la separación inmediata de sus cargos de:

• La titular de la UPECE–USICAMM, Neyra Arleth Bautista Mayorga,

• Y la titular de Educación Indígena, Nidia Carilú Nava Palomec,

por violentar de manera flagrante los derechos laborales de los trabajadores, desobedecer y desacatar acuerdos y lineamientos oficiales que han sido debidamente emitidos y difundidos a través de los canales institucionales.

Ambas funcionarias han incurrido en interpretaciones personales, unilaterales e ilegales de la normativa vigente, y han excluido sistemáticamente a la Organización Sindical de los procesos donde su participación está claramente establecida, tanto por ley como por acuerdos firmados entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las autoridades educativas.

El respeto a la legalidad, a los derechos laborales y a la representación sindical no es negociable.

Exigimos funcionarios públicos que estén a la altura del reto, que trabajen con visión, con humildad y con la voluntad de construir, no de culpar. Porque solo con una administración educativa propositiva, competente y cercana a las y los trabajadores, podremos lograr la transformación real que exige nuestro estado.

ElSNTEnoesunactormás;eslavoz legal y legitimadelmagisterio nacional y veracruzano. 

La unidad no es un discurso; es una decisión política y ética. Y hoy reafirmamos esa decisión. Sigamos trabajando con firmeza, sin retroceder ni dividirnos. El futuro del magisterio se construye con responsabilidad, con claridad y con estrategia.