El Comité de Contraloría Ciudadana del Instituto de Pensiones del Estado obtuvo el primer lugar en la etapa estatal de la 18.ª edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2026, resultado que le brinda la posibilidad de representar a Veracruz en la etapa nacional del certamen.

Este reconocimiento destaca el trabajo realizado para fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la vigilancia de los trámites y servicios que el Instituto brinda a su derechohabiencia.

Durante sus primeros 11 meses de gestión, el Comité ha aplicado 257 Cédulas de Vigilancia a derechohabientes activos y pensionistas, además de realizar sesiones de trabajo y acciones de difusión que permiten conocer de manera directa la experiencia de quienes reciben atención en el IPE.

En el marco de la premiación, el Mtro. Luis Octavio Hernández Lara, Director General del IPE, recibió también un reconocimiento a nombre del Instituto por coadyuvar con el Comité y generar las condiciones necesarias para fortalecer este mecanismo de participación ciudadana.

Lo acompañaron el Dr. Ángel Pérez Silva, Subdirector Administrativo; el Lic. Francisco Villanueva González, Subdirector de Finanzas; el Lic. José Luis Soto Benítez, Subdirector Jurídico; el Mtro. Efrén Jiménez Rojas, Subdirector de Prestaciones Institucionales; la Psic. Iveth Araceli Ceja Hernández, titular de la Unidad de Género y enlace institucional con el Comité de Contraloría Ciudadana y el L.E. Edgardo Escobar Pozo.

Este primer lugar es reflejo del trabajo colaborativo y del acompañamiento por parte de la Contraloría General del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación, a cuyos titulares agradecemos, la Mtra. Bárbara Galindo Ramos y el Dr. Miguel Santiago Reyes Hernández.

En este sentido, el IPE refrenda su compromiso con una administración abierta al escrutinio y a la participación de su derechohabiencia, en concordancia con las directrices del Gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por la Gobernadora Ing. Rocío Nahle García, orientadas a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio responsable de los recursos públicos.