Redacción

Xalapa

El diputado local Ramón Díaz Ávila confirmó que la Comisión Instructora del Congreso del Estado de Veracruz aprobó el dictamen relativo a las solicitudes de juicio de procedencia promovidas por la Fiscalía General del Estado contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos pertenecientes a Movimiento Ciudadano.

Explicó que los dos presidentes municipales enfrentan un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía y que, tras el análisis de los expedientes, la Comisión Instructora determinó que existen elementos legales suficientes para proceder con el retiro de su inmunidad procesal.

Precisó que la decisión definitiva sobre su separación del cargo y el desafuero será sometida a votación por el Pleno del Congreso del Estado durante una sesión extraordinaria privada programada para el miércoles 5 de agosto de 2026.

«El dictamen va a favor de la solicitud de la Fiscalía; como comisión determinamos emitirlo en ese sentido», afirmó.

Congreso garantiza continuidad de los ayuntamientos

El diputado explicó que, como parte del dictamen, la Comisión incluyó dos garantías para proteger tanto los derechos de los alcaldes como la continuidad administrativa de los municipios.

La primera consiste en que, en caso de que el Pleno apruebe el juicio de procedencia, los suplentes constitucionales serán llamados a rendir protesta, evitando que los ayuntamientos de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván queden sin autoridad.

«No dejamos indefensos a los municipios; planteamos que asuman los suplentes, que son las personas de mayor confianza que los propios alcaldes registraron», explicó.

Alcaldes podrán regresar si resuelven su situación jurídica

La segunda garantía establece que, si los alcaldes logran resolver favorablemente su situación jurídica ante las autoridades competentes, podrán reincorporarse a sus cargos únicamente solicitándolo al Congreso del Estado.

«Lo dejamos establecido en el dictamen para que, cuando resuelvan sus imputaciones, puedan regresar a su cargo sin ningún problema, solamente solicitándolo al Congreso», señaló.

Reitera presunción de inocencia

Ramón Díaz subrayó que la Comisión Instructora no determina la culpabilidad o inocencia de los alcaldes involucrados, ya que esa responsabilidad corresponde exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y, en su caso, a las autoridades judiciales.

Indicó que el dictamen respeta plenamente el principio constitucional de presunción de inocencia.

«Nosotros no podemos decir si son culpables o no; eso le corresponde a la Fiscalía y posteriormente a las autoridades judiciales. En nuestro dictamen quedó muy clara la presunción de inocencia», acotó.

El legislador reiteró que la Comisión únicamente resolvió sobre la procedencia de las solicitudes presentadas por la Fiscalía General del Estado, por lo que corresponderá al Pleno del Congreso de Veracruz determinar, mediante votación en la sesión extraordinaria privada del miércoles 5 de agosto de 2026, si procede o no retirar la inmunidad procesal a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván. De aprobarse el juicio de procedencia, ambos enfrentarán el proceso penal correspondiente sin la protección del fuero constitucional, manteniendo en todo momento su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.