Redacción

La representante de la Asociación Civil Misión Magisterial, Miriam López Cruz, expresó su respaldo a la iniciativa de ley presentada por el diputado local y secretario general de la Sección 56 del SNTE, José Reveriano Marín Hernández, al considerar que fortalece la protección jurídica de las y los docentes frente a acusaciones falsas que dañan su prestigio.

En entrevista, la dirigente señaló que la propuesta legislativa es positiva porque atiende una problemática que enfrenta el magisterio veracruzano, donde algunos docentes han sido denunciados sin que existan pruebas suficientes.

López Cruz explicó que la iniciativa refuerza lo establecido en el artículo 338 del Código Penal, el cual sanciona a quien impute falsamente un delito o simule pruebas en contra de una persona. 

Indicó que, aunque esa disposición ya protege a cualquier ciudadano, la propuesta presentada por Reveriano Marín busca brindar mayor certeza a las y los maestros de Veracruz.

Asimismo, consideró que el Congreso del Estado también debería impulsar iniciativas para que los reglamentos escolares de educación básica y media superior sean elaborados con la participación de madres y padres de familia, docentes, directivos y autoridades educativas, siempre privilegiando los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La representante de Misión Magisterial subrayó que la comunidad escolar debe actuar como un equipo y privilegiar el diálogo antes de formular cualquier acusación contra un maestro o una maestra.

«Primero tenemos que dialogar e investigar si existen o no pruebas para poder acusar», afirmó.

Añadió que el magisterio constituye uno de los pilares en la formación académica de la niñez y la juventud, por lo que sostuvo que las leyes de protección no sólo deben existir, sino aplicarse y hacerse respetar por las autoridades.

López Cruz estimó que en Veracruz existen aproximadamente 150 mil docentes del sistema público, entre estatales y federales, sin considerar al personal de escuelas particulares. 

Precisó que una legislación de este tipo también beneficiaría a quienes ejercen la docencia en instituciones privadas, pues todos los profesionales de la educación tienen derecho a defenderse ante cualquier acusación que carezca de sustento probatorio.