Redacción

Integrantes de la Organización de Trabajadores del Área del extinto Seguro Popular y ex empleados afiliados al SITREPSSV se manifestaron este lunes en Plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno, para exigir al Gobierno de Veracruz el cumplimiento de laudos laborales que aseguran permanecen sin pagarse desde hace más de nueve años.

Con lonas, cartulinas fluorescentes y consignas dirigidas a la gobernadora Rocío Nahle García, los manifestantes denunciaron incumplimientos en acuerdos previamente establecidos con autoridades estatales y Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).

En una de las mantas colocadas durante la protesta se leía: “¡Gobierno de Veracruz, debe cumplir! Ex trabajadores del Seguro Popular exigimos pago”, mientras que otra señalaba: “Más de 9 años de largas, con laudos ganados y sólo recibimos la promesa de pago”.

Durante la rueda de prensa, Ángel Carrera Ramírez, secretario general de la ORA Extinto Seguro Popular, explicó que el conflicto laboral acumula “nueve años, cuatro meses y dieciocho días”, tiempo en el que —afirmó— los afectados han enfrentado desgaste económico, moral y social.

“El gobierno no ha hecho lo suficiente para resolver este tema laboral. Ya no sabemos políticamente qué más hacer para llamar su atención y obtener los resultados que necesitamos”, expresó.

El dirigente señaló que inicialmente el grupo estaba conformado por 127 trabajadores con laudos favorables; sin embargo, aún quedan pendientes pagos para decenas de afectados, algunos de los cuales —dijo— han fallecido durante la lucha jurídica.

“Tristemente hemos perdido compañeros en el camino, personas que fallecieron por enfermedad y que no tuvieron recursos para medicamentos o atención médica”, lamentó.

Los inconformes sostuvieron pancartas con mensajes como: “Gobernadora, escúchenos”, “Exigimos se cumpla convenio de pago de SESVER” y “Somos madres de familia solicitando lo que es nuestro laudo ganado”.

Por su parte, el abogado del grupo, José Luis Jiménez Rodríguez, aseguró que los procedimientos jurídicos ya están concluidos y que únicamente falta la autorización del recurso para ejecutar los pagos correspondientes.

“Tenemos asuntos laborales ya ganados. No hay ninguna justificación para no ejecutarlos. Aquí pareciera que existe alguna instrucción superior para impedir el pago”, declaró.

El litigante explicó que durante negociaciones previas los trabajadores aceptaron reducir parte de los montos originalmente ganados con el objetivo de facilitar acuerdos con el gobierno estatal y disminuir el impacto financiero para las arcas públicas.

Indicó que hace dos años se estableció un convenio mediante el cual se autorizaron cerca de 30 millones de pesos para cubrir parte de los adeudos; sin embargo, sólo se logró pagar a una parte de los beneficiarios.

“Había recurso presupuestado y autorizado, pero ese dinero simplemente se esfumó. No sabemos a dónde fue ni quién decidió no ejercerlo”, afirmó.

De acuerdo con los representantes legales y sindicales, actualmente permanecen pendientes de pago alrededor de 24 trabajadores, para quienes aún faltarían aproximadamente 10.8 millones de pesos derivados del convenio original.

No obstante, advirtieron que el retraso continúa incrementando los montos debido a actualizaciones y requerimientos judiciales, por lo que la deuda total podría ascender hasta los 45 millones de pesos.

Los manifestantes señalaron que durante los últimos dos años han sostenido reuniones con autoridades de Política Regional, Secretaría de Gobierno, Secretaría del Trabajo y SESVER, sin que hasta ahora exista una solución definitiva.

Karina Pérez González, integrante del grupo afectado, calificó el proceso como “un viacrucis” y afirmó que semana tras semana han acudido a dependencias estatales para exigir respuestas sin obtener resultados concretos.

La protesta se desarrolló en pleno centro de Xalapa, frente a Palacio de Gobierno y a un costado de la Catedral Metropolitana, donde los inconformes reiteraron que continuarán movilizándose hasta obtener el pago de los laudos laborales que aseguran ya fueron ganados legalmente desde 2017.